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Columna de Opinión
El Mostrador
29 de marzo 2021

Japón creó un Ministerio de la Soledad para combatir el aumento de suicidios registrados por la pandemia del Covid-19. Según los cálculos del país, cerca de 20.000 personas se suicidaron durante el 2020. ¿Cómo se ha visto afectada la población chilena? ¿necesitaremos medidas como la del país nipón? Los números indican que, al menos, debemos ser capaces de destinar un mayor parte del PIB a salud mental.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ubica a Chile entre los países con mayor carga de morbilidad por enfermedades psiquiátricas (23 %) en el mundo. La depresión mayor y los trastornos por consumo de alcohol ocupan el 1 º y 2 º lugar en las discapacidades atribuidas entre adultos, y casi un tercio de la población mayor de 15 años ha sufrido algún tipo de trastorno psiquiátrico a lo largo de su vida. Somos el segundo país de la OCDE que más ha aumentado su tasa de suicidios durante los últimos 15 años y es una de las diez primeras causas de muerte en varones chilenos.

Existen múltiples reportes en los que se demuestra que los trastornos de salud mental son una causa importante de discapacidad y mortalidad en las personas, generando un tercio del total de años perdidos por discapacidad (APD) y un quinto del total de años de vida ajustados por discapacidad (AVAD) en la Región de las Américas según la OPS.

El gasto público que se destina a esta dimensión sólo alcanza en promedio un 2 % del presupuesto total en salud, distando significativamente de lo recomendado por la OMS y la realidad de aquellos países que poseen un ingreso alto, tales como Nueva Zelanda, Suecia, Reino Unido y Australia. La pobre inversión que se destina a esta materia nos hace ser parte del 40 % de países en el mundo que no cuenta con una ley de salud mental pertinente y acorde a las necesidades actuales de la población.

Pareciera ser que a pesar de los avances incipientes que se han generado durante la última década en materia de salud mental: fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud; aumento de la cobertura y prestaciones especializadas en la red; más profesionales y técnicos dedicados a salud mental; entre otras medidas, dichas iniciativas siguen siendo insuficientes para responder a la creciente demanda de la población. Particularmente, porque muchos de estos recursos se distribuyen de manera desigual a lo largo del territorio nacional y las consultas por salud mental aumentarán significativamente en el futuro como consecuencia de la pandemia.

Los esfuerzos gubernamentales deben estar centrados en la promoción y la prevención en salud, avanzando en la construcción de un modelo centrado en el multirriesgo y la multimorbilidad, que disminuya la mortalidad de los pacientes y, al mismo tiempo, responda al proceso de envejecimiento demográfico de la población y las consecuencias que provocará la pandemia al mediano y largo plazo en la salud mental de las personas.


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