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COLUMNA DE OPINIÓN
27 de Agosto 2019

Eduardo Sandoval Obando
Psicólogo; Magíster en Educación, Políticas y Gestión Educativas
Doctor en Ciencias Humanas
Postdoctorando (c) en Desarrollo Evolutivo
Académico e Investigador



El cambio climático se ha acentuado en los últimos años por la acción del hombre (aumento de la población humana), el uso indiscriminado de los recursos naturales, las modificaciones en los ciclos biogeoquímicos del agua, así como las alteraciones en la biodiversidad del planeta, recrudeciendo los procesos de desertificación y sequía en el territorio (González, Fernández y Gutiérrez, 2013). Esta serie de comportamientos explicaría en parte, el aumento de la intensidad, frecuencia y complejidad que mostrarían los desastres socio-naturales como resultado de las transformaciones ambientales ocasionadas por el cambio climático en el mundo, reiterando la necesidad de avanzar en el estudio, comprensión y sistematización del impacto e implicaciones que generaría al corto, mediano y largo plazo dichos eventos, sobre la salud mental de las personas y las comunidades que afrontan estos fenómenos. Es decir, la detección de síntomas y trastornos presentes en las personas (Cova y Rincón, 2010).

Desde esta perspectiva, se ha observado la presencia de sintomatología ansiosa y psicosomática inespecífica relacionada con el estrés como una de las consecuencias más consistentemente observadas (Kuwabara et al., 2008), la aparición de trastornos del estado de ánimo (Van Griensven et al., 2006) y la presencia del Trastorno por Estrés Postraumático, como una de las patologías más estudiadas tras estos eventos (Neria, Nandi y Galea, 2008). También se ha monitoreado los procesos de reconstrucción y rehabilitación, en donde adquieren notoriedad otras problemáticas psicosociales, relacionadas con los procesos de duelo, las pérdidas económicas y laborales, la relocalización y la pérdida del hogar, entre otros.

Lo anterior, exhibiría las consecuencias psicológicas y sociales que acarrea una emergencia o desastre socio-natural, alterando notoriamente la vida de las personas y sus comunidades (Pérez, 2012). Prueba de ello es que la literatura científica disponible mostraría que los cambios extremos en la temperatura ambiental y el aumento en la frecuencia de eventos climatológicos extremos como precipitaciones, vientos, inundaciones y sequías tienen efectos en la distribución y en la incidencia de enfermedades (Portal Instituto Nacional de Ecología, 2013). Precisamente por ello, resulta imprescindible adoptar una perspectiva multidisciplinaria en torno al cambio climático que permita aportar nuevos saberes y estrategias de intervención frente a esta realidad, propiciando una mayor toma de conciencia y respeto de las personas, las comunidades y el Estado acerca del planeta en que vivimos.

Tal como plantea Sandoval (2019), el desafío apunta a la mejora de los protocolos y mecanismos de respuesta disponibles para afrontar eventos de alta magnitud y severidad que superan muchas veces, los recursos disponibles en el territorio. Además, es necesario preguntarse acerca de la forma en que nuestro país está abordando esta realidad y el importante rol asumido como organizador de la COP 25, principal órgano de decisión de la Convención Marco de Naciones Unidas (CMNUCC) cuyo propósito es abordar e implementar las acciones necesarias en el mundo para combatir el cambio climático. Específicamente, ¿Cuál es el sello que nuestro país quiere transmitir en materia de cambio climático? ¿Contamos con políticas ambientales pertinentes, actualizadas y coherentes con esta convención? ¿Cómo se manejan los recursos naturales en Chile y qué implicancias generaría el cambio climático sobre nuestra economía? ¿Hemos avanzando en la construcción de una sociedad respetuosa con el medio ambiente? ¿Existe una política integral de protección de la salud mental ante los múltiples desastres socio-naturales que hemos experimentado como país?

Lamentablemente los indicadores de salud mental en Chile siguen siendo negativos dado que la inversión pública sigue siendo baja (menos del 2,5 % del presupuesto). A este panorama, se suma que Chile junto con Corea del Sur, son las dos naciones en que la tasa de suicidio de niños y adolescentes aumenta cada año en vez de disminuir, y en donde existen altas tasas de automedicación y casi 1/3 de las licencias médicas emitidas en Chile se encuentran vinculadas a trastornos de salud mental.

Finalmente, conviene reflexionar críticamente sobre cómo cuidar el planeta, ya que se estima que en los próximos años enfrentemos con mayor frecuencia diferentes tipos de desastres socio-naturales (inundaciones, ciclones, sequías, tornados, incendios forestales, etc.) incidiendo en un aumento de los trastornos psiquiátricos (tales como, estrés postraumático, reacciones a estrés aguda, depresión severa, aumento de las tasas de suicidio, trastornos de ansiedad, etc.), que impactarán psicológicamente a las personas, instalando el desafío de que eventos como la COP 25 nos permitan avanzar verdaderamente en la construcción de políticas de estado coherentes, rigurosas y comprometidas con la protección y el cuidado del medio ambiente.

 

PARA CITAR:

Sandoval-Obando, E. (2019). Cambio Climático y Desastres Socio-naturales: Implicaciones para la Salud Mental en Chile. El Mostrador. Recuperado de https://www.elmostrador.cl/noticias/2019/08/27/lo-que-no-se-ve-las-implicancias-del-cambio-climatico-en-la-salud-mental-en-chile/ DOI: 10.13140/RG.2.2.27843.14881

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COLUMNA DE OPINIÓN
09 de Junio 2019

Eduardo Sandoval Obando
Psicólogo; Magíster en Educación, Políticas y Gestión Educativas
Doctor en Ciencias Humanas
Postdoctorando (c) en Desarrollo Evolutivo
Académico e Investigador



La vida está llena de misterios y paradojas, de encuentros y desencuentros con diversas personas, grupos y comunidades con los que nos relacionamos cotidianamente, movilizando al sujeto por caminos de certezas en medio de un mar de incertidumbre. Una de esas paradojas está centrada en el proceso de envejecimiento y los múltiples cambios, crisis y desafíos que vivenciamos a lo largo de nuestro desarrollo. Vale decir, desde el momento en que nacemos nuestro organismo posee una constitución biológica clara y precisa, en la que nuestras células van siendo reemplazadas permanentemente (de hecho, se estima que las células son reemplazadas entre 7 a 10 años aproximadamente) y que todo el proceso funciona de manera autoorganizada por la información contenida en nuestro ADN.

No obstante, y más allá de las características biológicas que cada sujeto posee, sabemos que nadie puede escapar o evitar este proceso. Así, el envejecimiento es una experiencia única, individual, irreversible y universal en donde emergen un conjunto de transformaciones y cambios, como consecuencia de la acción del tiempo sobre los seres vivos. Tales cambios son fisiológicos, sociales, psicológicos y funcionales (Alvarado y Salazar, 2014). Sin embargo, este proceso es uno de los desafíos que enfrentan actualmente muchos países desarrollados y en vías de desarrollo (Reyes y Castillo, 2011; Daichman, 2014). En el caso chileno, se observa una tendencia creciente y paulatina al envejecimiento (Sandoval, 2018), ya que según el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), habrían 2,8 millones de personas sobre 60 años, correspondiente al 16,2% de la población. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS), plantea que la esperanza de vida en Chile es de 80,5 años, siendo en promedio, las mujeres mucho más longevas (83 años) que los hombres (79 años). Más aún, se estima que para el 2025 los mayores de 60 años alcanzarán un 20,11%, mientras que un 18,5% de la población será menor de 15 años de edad, relacionado con el hecho de que la tasa global de fecundidad descendió en 1950 desde cerca de un 5 a un 1,85 en el año 2014 (MINSAL, 2017).

En respuesta al cambio sociodemográfico descrito, nos parece pertinente instalar la discusión en torno al ‘Buen Convivir’ (Tortosa-Martínez, Caus-Pertegaz y Martínez-Román, 2014), apuntando al diálogo permanente y constructivo de saberes y experiencias ancestrales con lo más avanzado del pensamiento universal, en un proceso de continua descolonización de la sociedad (Acosta, 2011), que supere las lógicas economicistas, fragmentarias y centradas en el déficit que rodean al envejecimiento. Desde esta perspectiva, ¿cómo nos relacionamos con los adultos mayores presentes en nuestro entorno próximo? ¿Reconozco y potencio sus saberes y experiencias acumuladas a lo largo de la vida? ¿Somos una sociedad respetuosa de la vejez? ¿Valoramos culturalmente a nuestros adultos mayores en Chile?

Abogamos por la construcción y promoción de condiciones políticas, culturales, económicas, educativas y socio-sanitarias que respondan verdaderamente a los intereses y demandas más sentidas por nuestros adultos mayores. Más allá de los gobiernos de turno, pareciera ser que las políticas públicas centradas en el adulto mayor siguen abocados a la comprensión superficial de esta etapa, demorando la implementación de acciones concretas como: un sistema de pensiones justo, que asegure una mejor calidad de vida para este segmento etario, mejora de las condiciones de habitabilidad e infraestructura del Estado para el adulto mayor; tasas preferenciales en acceso / pago de servicios básicos; red de residencias protegidas e integrales para adultos mayores a lo largo de Chile, programas de promoción de la cultura, el deporte y la recreación con pertinencia territorial; atención socio-sanitaria multidisciplinaria, especializada en gerontología y psicogerontología, espacios reales de participación y protagonismo de los/as gerontes, en la toma de decisiones (más allá de los ya creados), etc.

Para comprender este giro epistemológico, cobra sentido el envejecimiento óptimo, entendido como aquel proceso de desarrollo integral, en el que se cumplen 3 condiciones: baja probabilidad de enfermedad y discapacidad, alto nivel de desarrollo / estimulación cognitiva funcional, y una implicación activa con la vida (Rowe y Kahn, 1997; 1998; Duay y Bryan, 2006). En otras palabras, existe evidencia acumulada en la que se demuestra que el potencial generativo del ser humano se vería favorecido por: mantención de estilos de vida saludables, interés por desarrollarse educativamente a lo largo de la vida (autoformación y desarrollo, más allá de los límites definidos por la institución escolar), estimulación cognitiva y emocional permanente (Fernández-Ballesteros et. al. 2010), autonomía y estabilidad socio-económica, mantención de relaciones interpersonales positivas, vínculos seguros y estables de amistad, respeto y reciprocidad; implicación activa en actividades socio-comunitarias, etc. Todas estas actividades tienen una repercusión positiva, en la medida que este estilo de vida se cultive después de la jubilación (Calero et al., 2007), favoreciendo una mayor plasticidad cerebral, como factor protector frente al deterioro cognitivo en la vejez (Vance y Crowe, 2006).

Finalmente, reiteramos el llamado al Estado y la sociedad civil, para que reflexionen y analicen en profundidad las condiciones actuales en las que miles de chilenos están envejeciendo, enfrentando múltiples carencias y dificultades ante una sociedad altamente competitiva y hedonista, que valida la distribución desigual de las riquezas y la mantención de aquellos procesos de marginación y exclusión social. Las decisiones y acciones que se implementen, sin duda, marcarán el destino de nuestro país y el tipo de legado que queremos dejar para el futuro. Nuestros adultos mayores no pueden esperar.

 

Para citar:


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COLUMNA DE OPINIÓN
11 de Abril 2019
Eduardo Sandoval Obando
Psicólogo; Magíster en Educación, Políticas y Gestión Educativas
Doctor en Ciencias Humanas
Postdoctorando (c) en Desarrollo Evolutivo
Académico e Investigador



El reciente reportaje “La Fabrica del Terror” exhibido por TVN, presenta crudamente las diversas formas de maltrato, abuso y violencia sistemática que propinaba un empresario argentino en contra de algunos de sus trabajadores en Colina (Región Metropolitana). Lo anterior, deja en evidencia la indiferencia de sus pares ante la agresión, así como el grado de alienación y desprotección en el que muchas personas se encuentran actualmente, con la finalidad de ‘mantener’ a toda costa un ingreso económico estable para subsistir junto a sus familias (trabajadores indocumentados, migrantes, mujeres sometidas a trata de blancas y comercio sexual, etc.).

Esta situación expone de manera explícita y grave, la influencia negativa del estrés crónico sobre la salud de las personas, ocasionando un deterioro significativo en su desempeño laboral, así como en su calidad de vida (Organización Internacional del Trabajo, 2016). Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (2017), estima que en el 2020 la ansiedad y la depresión se convertirán en la primera causa de baja laboral a nivel planetario, traduciéndose en un costo significativo para la economía mundial equivalente a US$ 1 billón anual en pérdida de productividad. A su vez, exhibe la estrecha conexión entre el desempleo (como factor de riesgo) y su vinculación a diversas patologías de salud mental (Garrido et. al. 2013). De hecho, la cesantía es 7 veces mayor entre personas con trastornos mentales severos que entre personas sin trastornos mentales; y el 75% de los empleadores señalan tener dificultades para contratar a personas con enfermedades mentales, aun cuando estén recibiendo apoyo terapéutico sistemático (Melzer, Fryers y Jenkins, 2004).

Como consecuencia de lo anterior, en Chile casi una quinta parte de la población adulta (19,7%) y más de un cuarto de la población infanto-juvenil (22,5%) ha vivenciado algún tipo de trastorno psiquiátrico durante el último año. Los trastornos más frecuentes en adultos, en los últimos 6 meses, serían: la fobia simple, fobia social, agorafobia, trastorno depresivo mayor y la dependencia del alcohol (Irarrázaval, Prieto y Armijo, 2016).

Por ende, conviene preguntarse y reflexionar en profundidad acerca de ¿Por qué fallaron los mecanismos de control y fiscalización del Estado frente a las denuncias reiteradas de los afectados por los hechos de violencia exhibidos en “La Fábrica del Terror”? ¿La Justicia laboral chilena resguarda el derecho de los trabajadores? ¿Qué implicaciones organizacionales ha traído la aplicación de instrumentos como el Cuestionario SUSESO/ISTAS 21[1] en el ámbito laboral? ¿El mundo del trabajo articula prácticas y acciones que favorecen ambientes positivos y saludables? ¿Existe una institucionalidad coherente y actualizada que resguarde transversalmente la salud mental del trabajador en Chile?

Las reflexiones planteadas emergen de la experiencia profesional acumulada por el suscrito en diversos procesos de intervención y promoción de la salud mental en instituciones públicas y privadas en Chile, en donde se observan paradójicamente prácticas y mecanismos que tienden a ‘normalizar’ dinámicas de trabajo extensas, individualistas, alienantes y competitivas, amparadas bajo un sistema neoliberal que ocasiona una fuerte desigualdad social y perpetúa el statu quo imperante (Sandoval, 2012). Desde esta lógica, se habrían instalado las bases estructurales de una economía supeditada a la explotación y exportación indiscriminada de nuestros recursos naturales, la dependencia a fuentes de inversión extranjera; la existencia de prácticas ineficientes de gestión y comunicación; la preeminencia de la lógica de mercado en el diseño y construcción de las políticas públicas así como el papel subsidiario del Estado frente a la protección y resguardo de los derechos y libertades de las personas en el contexto laboral (Aravena, 2018).

Desde luego que existen diversos factores que pueden incidir en aumentar el estrés en el trabajo y, por ende, impactar negativamente en la calidad de vida y bienestar de las personas, tales como: normalización de la violencia (cómo se ve reflejado en “La Fábrica del Terror”); clima organizacional negativo entre sus pares o jefaturas; discriminación por raza, etnia o género; la falta de reconocimiento hacia las funciones y tareas; jornadas laborales extensas y la consiguiente sobrecarga de trabajo, escaso tiempo para el descanso, el ocio y la recreación, entre otros.

El desafío que emerge a partir de la grave situación descrita en el reportaje en TVN así como los innumerables casos de vulneración de derechos laborales en Chile y la acción tardía del Estado, confirman la necesidad de instalar una institucionalidad actualizada, flexible y coherente con las demandas actuales de las personas insertas en el ámbito laboral (Ley de Salud Mental en Chile, por ejemplo) avanzando en la construcción de ambientes de trabajo pluralistas, flexibles y promotores de la salud física y mental positiva, cumpliendo con lo señalado en el Plan de acción mundial sobre la salud de los trabajadores (2008-2017) y el Plan de acción sobre salud mental (2013-2020) de la OMS en donde se establecen con claridad los principios, objetivos y estrategias más idóneas para la protección integral de la salud mental en el trabajo. El desafío sigue instalado.

 

Para citar:



[1] Hacemos alusión a lo ampliamente descrito en la Ley Nº 16.744, en donde se establecen normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Diario Oficial N° 26957 (1° feb 1968). 

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COLUMNA DE OPINIÓN

11 de Febrero 2019

Eduardo Sandoval Obando
Psicólogo; Magíster en Educación, Políticas y Gestión Educativas
Doctor en Ciencias Humanas
Académico e Investigador



A propósito de los reiterados cuestionamientos que ha enfrentado el Estado de Chile por los episodios de grave vulneración de derechos identificados en niños, niñas y jóvenes (NNJ) que se encontraban insertos en Centros de administración directa del Servicio Nacional de Menores, el abordaje superficial de las políticas públicas en materia de infancia (muchas de ellas, con una mirada a corto plazo) y las cifras preocupantes en torno a la salud mental infanto-juvenil, nos obliga a mirar estos fenómenos con cautela y responsabilidad, pensando en los enormes desafíos que nuestro país enfrenta para favorecer la emergencia de ambientes protectores que resguarden transversalmente los derechos fundamentales de nuestros niños/as y jóvenes.

Como profesional vinculado a la intervención en salud mental e Investigador en el campo de las Ciencias Sociales, las cifras de salud mental infantil que acumula nuestro país son preocupantes y develan en parte, una acción errática y superficial por parte del Estado para diseñar e implementar un modelo integral de protección y promoción del buen trato en la infancia / juventud. Al respecto y según la información aportada por el Ministerio de Salud (2018), el suicidio se ha convertido en la segunda causa de muerte entre niños y jóvenes en el país entre los 8 y los 18 años de edad, después de los accidentes. Asimismo, la prevalencia de trastornos mentales y del comportamiento en NNJ se sitúa alrededor del 20% de la población. Es decir, uno de cada cinco jóvenes sufre un tipo de trastorno mental en el mundo. Esto convierte a los trastornos mentales en una de las principales causas de morbilidad y discapacidad en este rango etario.

En el caso de Chile, y según lo reportado por Vicente et. al (2012), existiría una prevalencia general de trastornos mentales de 22,5% (19,3% para los hombres, 25,8% para las mujeres), siendo los trastornos del comportamiento disruptivo y los trastornos ansiosos los problemas más comunes. Lo más preocupante es que la tasa de prevalencia es más elevada en niños entre 4-11 años (27,8%), en comparación a los jóvenes entre 12-18 años (16,5%). En Santiago, el mismo estudio mostró una prevalencia de trastornos psiquiátricos de 25,4% (20,7% para los hombres y 30,3% para las mujeres).

Las cifras descritas precedentemente, evidencian que la Salud Mental en Chile, continúa siendo el ‘hermano pobre’ de nuestro sistema sanitario (Sandoval-Obando, 2016). En este sentido, la Organización Mundial de la Salud recomienda que los países debieran destinar un 5 % de los recursos en salud a esta área, sin embargo, la realidad nacional indica que solo se destina un 2,5 %. A este panorama, se suma que Chile junto con Corea del Sur, son las dos naciones en que la tasa de suicidio de niños y adolescentes aumenta cada año en vez de disminuir, y en donde existen altas tasas de automedicación y casi 1/3 de las licencias médicas emitidas en Chile se encuentran vinculadas a trastornos de salud mental.

En vista a lo anteriormente expuesto, conviene preguntarse si ¿son suficientes y adecuados los medios y recursos existentes para afrontar las necesidades de salud mental en nuestro país? ¿Qué impacto han tenido los esfuerzos generados en materia de promoción y prevención en salud mental? ¿Qué medidas concretas han surgido a partir del Acuerdo Nacional por la Infancia? ¿De qué manera se podría proteger la salud mental de los niños, niñas y jóvenes en Chile? ¿Qué rol juega la Academia y la Sociedad Civil en el diseño de las políticas públicas en materia de Infancia / Juventud? A pesar de lo expuesto, esta realidad nos permite extraer algunas reflexiones: 1) los problemas de salud mental infantil se encuentran relacionados con los altos niveles de desigualdad existentes en Chile; 2) los trastornos mentales no son sólo una cuestión médica, sino una problemática social y política que involucra a la sociedad en pleno (Gobierno, familia, escuela, organizaciones de la sociedad civil, etc.), para implementar reformas estructurales en materia de infancia, educación, salud, cultura y deporte, entre otros; 3) la alta prevalencia de trastornos de salud mental y los costos asociados, contrasta significativamente con el aporte reducido del estado en esta materia, en donde ni siquiera existe una Ley de Salud Mental.

Finalmente, creemos que la salud mental infantil en Chile debe ser una prioridad nacional, que avance en la incorporación de la protección transversal de la infancia en los procesos de planificación y gestión de las políticas públicas; la promoción de un sistema educativo justo, igualitario y democrático que potencie el aprendizaje para toda la vida; el diseño de mecanismos eficaces de seguimiento y control, para la protección integral de los niños/as en situación de vulneración de derechos; el fortalecimiento de actividades que promuevan la eliminación de toda forma de violencia contra las mujeres y las niñas en los diferentes ámbitos de la sociedad; incentivar la función protectora y preventiva de las comunidades; avanzar en el empoderamiento jurídico de los niños, mujeres, familias excluidas y la sociedad civil a fin de mejorar su acceso a los bienes y servicios de apoyo disponibles, etc. No podemos olvidar que un país responsable y serio que protege integralmente a sus niños, niñas y jóvenes, se convierte en una nación que apuesta por un futuro democrático y justo para todos/as.


Para Citar: 

Sandoval-Obando, E. (2019, Febrero 11). El rol del estado y la sociedad civil frente a al abordaje y comprensión de la salud mental infantil en Chile. El Mostrador. Recuperado de http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2018/09/15/sistema-de-pensiones-y-bienestar-social-en-la-vejez-un-derecho-fundamental/   DOI:  10.13140/RG.2.2.25312.74246



Ver Publicación: El Mostrador

 
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Otras Voces en Educacion

Columna de Opinión

 ISSN: 2477-9695

06 de Febrero 2019

La Institución Escolar en Tiempos de Crisis: Reflexiones desde una Perspectiva Crítica

 

Eduardo Sandoval Obando

Psicólogo;

Magíster en Educación, Políticas y Gestión Educativa

Doctor en Ciencias Humanas

Correspondencia a: Eduardo.sandoval.o@gmail.com

 

La institución escolar ha debido enfrentar una serie de conflictos y demandas sociales durante el último tiempo (tales como: el fenómeno de la migración en el contexto latinoamericano, las tomas feministas abogando por una mayor igualdad de género, el aumento de los costos de vida y la progresiva brecha en términos de resultados de aprendizaje entre el sistema público y privado, etc.). Estas problemáticas han tensionado significativamente las pauta de comportamiento y dinámicas relacionales desplegadas dentro de la escuela. Particularmente, en los docentes se respira un ambiente de perplejidad, agotamiento y frustración, al ser testigos del cuestionamiento sistemático hacia los fundamentos epistemológicos que legitimaban la escuela y los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y es que según Pérez Gómez (1998: p. 76) “la escuela, que durante siglos ha contribuido a la extensión del conocimiento, a la superación de la ignorancia y de las supersticiones que esclavizaban al individuo, a la preparación de los ciudadanos, y a la disminución de la desigualdad, ha sido fiel reflejo de los valores y contradicciones de la cultura moderna”.

Creemos que lo anterior, es la consecuencia de un modelo escolar que abraza sistemáticamente el modelo positivista del conocimiento científico, sobre el currículum y las prácticas pedagógicas, abocándose a la transmisión deliberada de contenidos y la homogeneización de los aprendizajes, respondiendo a los ‘intereses’ de un sistema neoliberal altamente alienante e individualista. Por ende, la escuela y la lógica cartesiana que la caracteriza, ha olvidado las particularidades y complejidades socioeducativas de sus estudiantes, así como su desarrollo cultural, desatendiendo aquellos aspectos socioemocionales, históricos o incluso políticos del aprendizaje.

Por tal razón, los niñ@s y jóvenes que ingresan a la escuela no llegan como fracasados o encasillados según su rendimiento, sino que es en la institución escolar, donde se les clasifica y etiqueta muchas veces con el rótulo de fracasados. Es decir, los educandos exhiben desde temprana edad, su propensión a aprender (Sandoval-Obando, 2012; Calvo, 2016), pero ésta comienza a anquilosarse producto de las lógicas positivistas y fragmentarias que dominan el currículum escolar.

Pero ¿qué podemos hacer ante esta realidad tan paradójica? ¿Qué herramientas o reflexiones podríamos identificar para apoyar la práctica pedagógica? Al respecto, Sandoval-Obando (2017) profundiza en las experiencias vitales de aquellos docentes que se desempeñan pedagógicamente en contextos vulnerados donde asisten jóvenes vinculados a episodios de infracción de ley, admitiendo la emergencia de un marco intercultural más amplio, capaz de integrar los diversos valores, costumbres, creencias, intereses y aspiraciones de sus educandos, promoviendo al mismo tiempo, la reflexión crítica, el respeto y la autonomía en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

La función educativa de la escuela desde una perspectiva crítica, exige tensionar los fundamentos que la sustentan y, al mismo tiempo, tales reflexiones deben contribuir a que los docentes distingan que muchas veces se encuentran en una posición intermedia, entre cubrir la totalidad del programa de una determinada asignatura (cumpliendo con el currículum imperante) y la necesidad de construir un espacio y tiempo escolar, que favorezca el desarrollo integral de sus estudiantes, aminorando el efecto negativo, que muchas veces produciría el contexto de origen o factores personales del educando. Nótese, que no negamos que, por la razón que sea, algunos niños, niñas y jóvenes, aprenden más lentamente que otros o de una manera diferente. Pero lo cierto es que “sin los arreglos sociales que atribuyen importancia a los ritmos diferenciales de aprendizaje, la discapacidad de aprendizaje no existiría (McDermott, 2001: p. 295).

Finalmente, el gran desafío que enfrentan los países latinoamericanos radica en la elaboración de políticas educativas inclusivas y democráticas, dirigiendo sus esfuerzos a la mejora de la calidad en la educación, compensando en parte, las desigualdades existentes entre la educación pública y privada. Para ello, se hace necesario: 1) la creación de mecanismos complementarios permanentes que fortalezcan la formación inicial docente y la mejora continua de la práctica pedagógica; 2) la promoción de estrategias pedagógicas innovadoras que potencien la relación educador-educando, favoreciendo el despliegue de sus potencialidades; y por último, 3) el aumento de la participación de los padres en la educación de sus hijos, conformando comunidades educativas participativas y autoorganizadas, centradas en el aprendizaje de sus estudiantes y en la mejora transversal de sus procesos de desarrollo institucional (Sandoval-Obando y Lamas, 2017).

 

Referencias

Calvo, C. (2016). Del Mapa Escolar al Territorio Educativo. Disoñando la Escuela desde la Educación (4° Edición). La Serena: Nueva Mirada.

McDermott, R. (2001). La Adquisición de un Niño por una Discapacidad de Aprendizaje. En S. Chaiklin y J. Lave (Comps.). Estudiar las prácticas. Perspectivas sobre Actividad y Contexto. Buenos Aires: Amorrortu.

Pérez Gómez, A. (1998). La Cultura Escolar en la Sociedad Neoliberal. Madrid: Morata.

Sandoval, E. y Lamas, M. (2017). Impacto de la Ley SEP en las Escuelas: Una Mirada Crítica y Local en torno Al Rol de los Psicólogos de la Educación. Paideia, Revista de Educación, (61). 57-81.

Sandoval-Obando, E. (2017). El Docente como Mediador Emocional y Cognitivo de Jóvenes en Contextos Vulnerados: Tensiones y Desafíos para la Transformación de la Práctica Pedagógica. Tesis conducente al Grado Doctor en Ciencias Humanas. Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Austral de Chile. Impresa.

Sandoval-Obando, E. (2012). Construcción Socio-histórica de la Propensión a Aprender de los Adolescentes Infractores de Ley. Tesis de Magíster en Educación, Mención Políticas y Gestión Educativa. Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Austral de Chile. Impresa.  

 

Para citar este Trabajo: Sandoval-Obando, E. (2019). La Institución Escolar en Tiempos de Crisis: Reflexiones desde una Perspectiva Crítica. Otras Voces en Educación. ISSN: 2477-9695. Recuperado de:  http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/290431 

DOI:  10.13140/RG.2.2.11890.96967


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