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COLUMNA DE OPINIÓN
13 de Noviembre  2019

Eduardo Sandoval Obando
Psicólogo; Magíster en Educación, Políticas y Gestión Educativas
Doctor en Ciencias Humanas
Postdoctorando (c) en Desarrollo Evolutivo
Académico e Investigador



Las manifestaciones ciudadanas (muchas de ellas, totalmente pacíficas) han sido capaces de colocar en jaque la política nacional y la forma en que el gobierno de turno estaba ‘abordando’ el conflicto. El mensaje ciudadano es claro y directo. Se explicita una crítica directa al modelo económico instalado en Chile, sustentado en parte, por la Constitución Política de 1980, la que en alguno de sus artículos (tales como, lo relacionado a la Ley de Quorum Calificado; el accionar del Tribunal Constitucional; su excesiva diversidad y amplitud, abordando desde el derecho a la vida hasta la jubilación de los fiscales; los senadores designados, etc.) permite el abuso, la desigualdad y las injusticias reproducidas anacrónicamente por una “clase política” totalmente reactiva, indolente y acostumbrada a los privilegios del 1% de los más ricos del país.

Pareciera ser que aunque muchos políticos han deambulado por cuanto canal de televisión y medio informativo que han podido (matinales, espacios de discusión política, redes sociales, etc.), señalando que todos/as ‘veían venir’ esta situación, sintiéndose dueños o representantes del movimiento ciudadano, sólo evidencian la total desconexión que tienen con sus votantes. Más aún, desmuestran una incapacidad para interpretar y comprender los múltiples factores y condiciones (sociales, económicas, culturales, educativas, etc.) que sustentan el malestar acumulado (y quizás histórico) de la inmensa mayoría de los chilenos.

Desde el punto de vista psicológico, sabemos que el malestar acumulado percibido por la inmensa mayoría de los chilenos no tiene una causa única, y de ahí la complejidad para abordarlo desde las Ciencias Sociales y de la Salud. No obstante, al mirar nuestro país y la forma en que el auge del crecimiento económico ‘transmitía’ aires de prosperidad y estabilidad para unos pocos (la mayoría de ellos, pertenecientes a las familias más adineradas de Chile), se fueron diluyendo por varias condiciones: la creciente privatización de nuestros recursos naturales (políticas públicas que fomentan el extractivisimo desmesurado del agua, la madera, el cobre y el litio, entre otros) y servicios básicos (gas, electricidad, carreteras, salud, transporte público, etc.); los múltiples casos de corrupción (Penta SQM, CAVAL, ‘Milicogate’, ‘Pacogate’, etc.) y colusión (del confort, de las farmacias, de los pollos, etc.) en las que se obtienen ‘acuerdos judiciales’ convenientes para los imputados; la deuda histórica con las personas mayores (quienes luchan por sobrevivir ante un sistema altamente desigual e injusto, que deteriora significativamente su calidad de vida. ver promedio pensiones, de acuerdo a la SP); la crisis histórica y aún pendiente por reformar estructuralmente el SENAME (privilegiando verdaderamente la protección de la infancia y de los jóvenes); la deuda histórica de nuestros profesores/as y el mejoramiento de la calidad en la educación; los múltiples casos de abuso en la Iglesia y de impunidad ante delitos sexuales (situación que también se ha observado en el plano internacional, etc. Este conjunto de factores permiten visualizar el alto nivel de victimización, rabia y frustración que experimenta nuestra sociedad y que llevan a que invariablemente, Chile siga estando entre los países con mayor desigualdad económica y educativa entre los países de la OCDE (para mayor información, ver Informe OCDE 2018) así como al deterioro progresivo de la calidad de vida y bienestar general de los individuos ante condiciones laborales excesivamente prolongadas (ver ranking Chile, según relación vida y trabajo de la OCDE).

A pesar de que la ciudadanía sigue manifestándose con fuerza y claridad, el mensaje aún no es recibido e interpretado por quienes han sido democráticamente electos para representarnos en el Congreso. Por su parte, el gobierno y su agenda social, sólo aborda superficialmente muchas de las demandas planteadas por la inmensa mayoría de los chilenos. Por ende, el gobierno actual y los políticos enfrentan una gran encrucijada… Visualizar las manifestaciones ciudadanas como una amenaza, aplicando la doctrina del shock y de la represión (criminalizando el conflicto, por culpa de grupos minoritarios y aislados, pero altamente organizados que han aprovechado de delinquir en medio de las manifestaciones) exponiendo a la sociedad a una mayor polarización social (proliferación de grupos de autodefensa armados, ‘chalecos amarillos’ y personas de extrema derecha como lo ocurrido en Reñaca con John Cobin), a la violencia entre manifestantes y las fuerzas encargadas de reestrablecer el orden público (quienes evidencian, en ciertas ocasiones, una capacidad táctica y operativa retrográda para disolver a los grupos violentistas que se escudan dentro del movimiento ciudadano, sumado al actuar reactivo de las unidades de inteligencia. Cuento aparte, son el uso desproporcional de escopetas antimotines y los múltiples lesionados a causa de los perdigones y balines, materia que será debidamente investigada por la Justicia) vs la enorme oportunidad que se instala en nuestro país para avanzar decididamente en la mejora estructural de nuestra democracia, en la transformación profunda de nuestras leyes que permitan mejorar significativamente nuestras condiciones de vida.

A modo de conclusión y como ciudadano, valoro y reconozco el potencial histórico que representa el movimiento social que se ha levantado en nuestro país, para priorizar y transformar el Estado en un modelo inédito de democracia, participación ciudadana y justicia social en América Latina. Los ojos del mundo están nuestro país, por lo que se debería trazar una ruta clara hacia ciertos ejes  (prioritarios a mi juicio): protección integral de la primera infancia (reformulación estructural del SENAME, mejora técnica de los interventores), integración y revalorización de nuestras personas mayores  en los diversos ámbitos de la sociedad (mejorando el sistema de pensiones, salud, transporte, vivienda y cultura); que se reinvidique el valor de la educación pública como instancia real de movilidad social; sistema tributario y de recaudación proporcional de acuerdo a la realidad de cada chileno/a (obteniendo aprendizajes y lecciones aprendidas de lo implementado en países como Estonia, Canada, Australia y Nueva Zelanda); uso responsable y sustentable de nuestros recursos naturales (acabando con el extractivismo indiscriminado y las ‘zonas de sacrificio’); reformular el sistema de pensiones y del funcionamiento ‘lucrativo’ de las AFPs (para que el llegar a la vejez no sea un evento catástrofico y negativo) y por sobre todo, con un sistema de salud pública eficiente y acorde a las necesidades epidemiológicas de nuestra población, en las que por primera vez se privilegie la salud física y mental de las personas. El desafío por la transformación social en Chile ya está instalado y en proceso…

Para citar:

  • Sandoval-Obando, E. (2019). El Desafío de Avanzar en Democracia y Justicia Social para Todos/as: Una Lección que No Podemos Olvidar. El Mostrador. Recuperado de  https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2019/11/13/una-leccion-que-no-podemos-olvidar/ 
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COLUMNA DE OPINIÓN
27 de Agosto 2019

Eduardo Sandoval Obando
Psicólogo; Magíster en Educación, Políticas y Gestión Educativas
Doctor en Ciencias Humanas
Postdoctorando (c) en Desarrollo Evolutivo
Académico e Investigador



El cambio climático se ha acentuado en los últimos años por la acción del hombre (aumento de la población humana), el uso indiscriminado de los recursos naturales, las modificaciones en los ciclos biogeoquímicos del agua, así como las alteraciones en la biodiversidad del planeta, recrudeciendo los procesos de desertificación y sequía en el territorio (González, Fernández y Gutiérrez, 2013). Esta serie de comportamientos explicaría en parte, el aumento de la intensidad, frecuencia y complejidad que mostrarían los desastres socio-naturales como resultado de las transformaciones ambientales ocasionadas por el cambio climático en el mundo, reiterando la necesidad de avanzar en el estudio, comprensión y sistematización del impacto e implicaciones que generaría al corto, mediano y largo plazo dichos eventos, sobre la salud mental de las personas y las comunidades que afrontan estos fenómenos. Es decir, la detección de síntomas y trastornos presentes en las personas (Cova y Rincón, 2010).

Desde esta perspectiva, se ha observado la presencia de sintomatología ansiosa y psicosomática inespecífica relacionada con el estrés como una de las consecuencias más consistentemente observadas (Kuwabara et al., 2008), la aparición de trastornos del estado de ánimo (Van Griensven et al., 2006) y la presencia del Trastorno por Estrés Postraumático, como una de las patologías más estudiadas tras estos eventos (Neria, Nandi y Galea, 2008). También se ha monitoreado los procesos de reconstrucción y rehabilitación, en donde adquieren notoriedad otras problemáticas psicosociales, relacionadas con los procesos de duelo, las pérdidas económicas y laborales, la relocalización y la pérdida del hogar, entre otros.

Lo anterior, exhibiría las consecuencias psicológicas y sociales que acarrea una emergencia o desastre socio-natural, alterando notoriamente la vida de las personas y sus comunidades (Pérez, 2012). Prueba de ello es que la literatura científica disponible mostraría que los cambios extremos en la temperatura ambiental y el aumento en la frecuencia de eventos climatológicos extremos como precipitaciones, vientos, inundaciones y sequías tienen efectos en la distribución y en la incidencia de enfermedades (Portal Instituto Nacional de Ecología, 2013). Precisamente por ello, resulta imprescindible adoptar una perspectiva multidisciplinaria en torno al cambio climático que permita aportar nuevos saberes y estrategias de intervención frente a esta realidad, propiciando una mayor toma de conciencia y respeto de las personas, las comunidades y el Estado acerca del planeta en que vivimos.

Tal como plantea Sandoval (2019), el desafío apunta a la mejora de los protocolos y mecanismos de respuesta disponibles para afrontar eventos de alta magnitud y severidad que superan muchas veces, los recursos disponibles en el territorio. Además, es necesario preguntarse acerca de la forma en que nuestro país está abordando esta realidad y el importante rol asumido como organizador de la COP 25, principal órgano de decisión de la Convención Marco de Naciones Unidas (CMNUCC) cuyo propósito es abordar e implementar las acciones necesarias en el mundo para combatir el cambio climático. Específicamente, ¿Cuál es el sello que nuestro país quiere transmitir en materia de cambio climático? ¿Contamos con políticas ambientales pertinentes, actualizadas y coherentes con esta convención? ¿Cómo se manejan los recursos naturales en Chile y qué implicancias generaría el cambio climático sobre nuestra economía? ¿Hemos avanzando en la construcción de una sociedad respetuosa con el medio ambiente? ¿Existe una política integral de protección de la salud mental ante los múltiples desastres socio-naturales que hemos experimentado como país?

Lamentablemente los indicadores de salud mental en Chile siguen siendo negativos dado que la inversión pública sigue siendo baja (menos del 2,5 % del presupuesto). A este panorama, se suma que Chile junto con Corea del Sur, son las dos naciones en que la tasa de suicidio de niños y adolescentes aumenta cada año en vez de disminuir, y en donde existen altas tasas de automedicación y casi 1/3 de las licencias médicas emitidas en Chile se encuentran vinculadas a trastornos de salud mental.

Finalmente, conviene reflexionar críticamente sobre cómo cuidar el planeta, ya que se estima que en los próximos años enfrentemos con mayor frecuencia diferentes tipos de desastres socio-naturales (inundaciones, ciclones, sequías, tornados, incendios forestales, etc.) incidiendo en un aumento de los trastornos psiquiátricos (tales como, estrés postraumático, reacciones a estrés aguda, depresión severa, aumento de las tasas de suicidio, trastornos de ansiedad, etc.), que impactarán psicológicamente a las personas, instalando el desafío de que eventos como la COP 25 nos permitan avanzar verdaderamente en la construcción de políticas de estado coherentes, rigurosas y comprometidas con la protección y el cuidado del medio ambiente.

 

PARA CITAR:

Sandoval-Obando, E. (2019). Cambio Climático y Desastres Socio-naturales: Implicaciones para la Salud Mental en Chile. El Mostrador. Recuperado de https://www.elmostrador.cl/noticias/2019/08/27/lo-que-no-se-ve-las-implicancias-del-cambio-climatico-en-la-salud-mental-en-chile/ DOI: 10.13140/RG.2.2.27843.14881

Ver Más: El Mostrador

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COLUMNA DE OPINIÓN
09 de Junio 2019

Eduardo Sandoval Obando
Psicólogo; Magíster en Educación, Políticas y Gestión Educativas
Doctor en Ciencias Humanas
Postdoctorando (c) en Desarrollo Evolutivo
Académico e Investigador



La vida está llena de misterios y paradojas, de encuentros y desencuentros con diversas personas, grupos y comunidades con los que nos relacionamos cotidianamente, movilizando al sujeto por caminos de certezas en medio de un mar de incertidumbre. Una de esas paradojas está centrada en el proceso de envejecimiento y los múltiples cambios, crisis y desafíos que vivenciamos a lo largo de nuestro desarrollo. Vale decir, desde el momento en que nacemos nuestro organismo posee una constitución biológica clara y precisa, en la que nuestras células van siendo reemplazadas permanentemente (de hecho, se estima que las células son reemplazadas entre 7 a 10 años aproximadamente) y que todo el proceso funciona de manera autoorganizada por la información contenida en nuestro ADN.

No obstante, y más allá de las características biológicas que cada sujeto posee, sabemos que nadie puede escapar o evitar este proceso. Así, el envejecimiento es una experiencia única, individual, irreversible y universal en donde emergen un conjunto de transformaciones y cambios, como consecuencia de la acción del tiempo sobre los seres vivos. Tales cambios son fisiológicos, sociales, psicológicos y funcionales (Alvarado y Salazar, 2014). Sin embargo, este proceso es uno de los desafíos que enfrentan actualmente muchos países desarrollados y en vías de desarrollo (Reyes y Castillo, 2011; Daichman, 2014). En el caso chileno, se observa una tendencia creciente y paulatina al envejecimiento (Sandoval, 2018), ya que según el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), habrían 2,8 millones de personas sobre 60 años, correspondiente al 16,2% de la población. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS), plantea que la esperanza de vida en Chile es de 80,5 años, siendo en promedio, las mujeres mucho más longevas (83 años) que los hombres (79 años). Más aún, se estima que para el 2025 los mayores de 60 años alcanzarán un 20,11%, mientras que un 18,5% de la población será menor de 15 años de edad, relacionado con el hecho de que la tasa global de fecundidad descendió en 1950 desde cerca de un 5 a un 1,85 en el año 2014 (MINSAL, 2017).

En respuesta al cambio sociodemográfico descrito, nos parece pertinente instalar la discusión en torno al ‘Buen Convivir’ (Tortosa-Martínez, Caus-Pertegaz y Martínez-Román, 2014), apuntando al diálogo permanente y constructivo de saberes y experiencias ancestrales con lo más avanzado del pensamiento universal, en un proceso de continua descolonización de la sociedad (Acosta, 2011), que supere las lógicas economicistas, fragmentarias y centradas en el déficit que rodean al envejecimiento. Desde esta perspectiva, ¿cómo nos relacionamos con los adultos mayores presentes en nuestro entorno próximo? ¿Reconozco y potencio sus saberes y experiencias acumuladas a lo largo de la vida? ¿Somos una sociedad respetuosa de la vejez? ¿Valoramos culturalmente a nuestros adultos mayores en Chile?

Abogamos por la construcción y promoción de condiciones políticas, culturales, económicas, educativas y socio-sanitarias que respondan verdaderamente a los intereses y demandas más sentidas por nuestros adultos mayores. Más allá de los gobiernos de turno, pareciera ser que las políticas públicas centradas en el adulto mayor siguen abocados a la comprensión superficial de esta etapa, demorando la implementación de acciones concretas como: un sistema de pensiones justo, que asegure una mejor calidad de vida para este segmento etario, mejora de las condiciones de habitabilidad e infraestructura del Estado para el adulto mayor; tasas preferenciales en acceso / pago de servicios básicos; red de residencias protegidas e integrales para adultos mayores a lo largo de Chile, programas de promoción de la cultura, el deporte y la recreación con pertinencia territorial; atención socio-sanitaria multidisciplinaria, especializada en gerontología y psicogerontología, espacios reales de participación y protagonismo de los/as gerontes, en la toma de decisiones (más allá de los ya creados), etc.

Para comprender este giro epistemológico, cobra sentido el envejecimiento óptimo, entendido como aquel proceso de desarrollo integral, en el que se cumplen 3 condiciones: baja probabilidad de enfermedad y discapacidad, alto nivel de desarrollo / estimulación cognitiva funcional, y una implicación activa con la vida (Rowe y Kahn, 1997; 1998; Duay y Bryan, 2006). En otras palabras, existe evidencia acumulada en la que se demuestra que el potencial generativo del ser humano se vería favorecido por: mantención de estilos de vida saludables, interés por desarrollarse educativamente a lo largo de la vida (autoformación y desarrollo, más allá de los límites definidos por la institución escolar), estimulación cognitiva y emocional permanente (Fernández-Ballesteros et. al. 2010), autonomía y estabilidad socio-económica, mantención de relaciones interpersonales positivas, vínculos seguros y estables de amistad, respeto y reciprocidad; implicación activa en actividades socio-comunitarias, etc. Todas estas actividades tienen una repercusión positiva, en la medida que este estilo de vida se cultive después de la jubilación (Calero et al., 2007), favoreciendo una mayor plasticidad cerebral, como factor protector frente al deterioro cognitivo en la vejez (Vance y Crowe, 2006).

Finalmente, reiteramos el llamado al Estado y la sociedad civil, para que reflexionen y analicen en profundidad las condiciones actuales en las que miles de chilenos están envejeciendo, enfrentando múltiples carencias y dificultades ante una sociedad altamente competitiva y hedonista, que valida la distribución desigual de las riquezas y la mantención de aquellos procesos de marginación y exclusión social. Las decisiones y acciones que se implementen, sin duda, marcarán el destino de nuestro país y el tipo de legado que queremos dejar para el futuro. Nuestros adultos mayores no pueden esperar.

 

Para citar:


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