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COLUMNA DE OPINIÓN
11 de Abril 2019
Eduardo Sandoval Obando
Psicólogo; Magíster en Educación, Políticas y Gestión Educativas
Doctor en Ciencias Humanas
Postdoctorando (c) en Desarrollo Evolutivo
Académico e Investigador



El reciente reportaje “La Fabrica del Terror” exhibido por TVN, presenta crudamente las diversas formas de maltrato, abuso y violencia sistemática que propinaba un empresario argentino en contra de algunos de sus trabajadores en Colina (Región Metropolitana). Lo anterior, deja en evidencia la indiferencia de sus pares ante la agresión, así como el grado de alienación y desprotección en el que muchas personas se encuentran actualmente, con la finalidad de ‘mantener’ a toda costa un ingreso económico estable para subsistir junto a sus familias (trabajadores indocumentados, migrantes, mujeres sometidas a trata de blancas y comercio sexual, etc.).

Esta situación expone de manera explícita y grave, la influencia negativa del estrés crónico sobre la salud de las personas, ocasionando un deterioro significativo en su desempeño laboral, así como en su calidad de vida (Organización Internacional del Trabajo, 2016). Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (2017), estima que en el 2020 la ansiedad y la depresión se convertirán en la primera causa de baja laboral a nivel planetario, traduciéndose en un costo significativo para la economía mundial equivalente a US$ 1 billón anual en pérdida de productividad. A su vez, exhibe la estrecha conexión entre el desempleo (como factor de riesgo) y su vinculación a diversas patologías de salud mental (Garrido et. al. 2013). De hecho, la cesantía es 7 veces mayor entre personas con trastornos mentales severos que entre personas sin trastornos mentales; y el 75% de los empleadores señalan tener dificultades para contratar a personas con enfermedades mentales, aun cuando estén recibiendo apoyo terapéutico sistemático (Melzer, Fryers y Jenkins, 2004).

Como consecuencia de lo anterior, en Chile casi una quinta parte de la población adulta (19,7%) y más de un cuarto de la población infanto-juvenil (22,5%) ha vivenciado algún tipo de trastorno psiquiátrico durante el último año. Los trastornos más frecuentes en adultos, en los últimos 6 meses, serían: la fobia simple, fobia social, agorafobia, trastorno depresivo mayor y la dependencia del alcohol (Irarrázaval, Prieto y Armijo, 2016).

Por ende, conviene preguntarse y reflexionar en profundidad acerca de ¿Por qué fallaron los mecanismos de control y fiscalización del Estado frente a las denuncias reiteradas de los afectados por los hechos de violencia exhibidos en “La Fábrica del Terror”? ¿La Justicia laboral chilena resguarda el derecho de los trabajadores? ¿Qué implicaciones organizacionales ha traído la aplicación de instrumentos como el Cuestionario SUSESO/ISTAS 21[1] en el ámbito laboral? ¿El mundo del trabajo articula prácticas y acciones que favorecen ambientes positivos y saludables? ¿Existe una institucionalidad coherente y actualizada que resguarde transversalmente la salud mental del trabajador en Chile?

Las reflexiones planteadas emergen de la experiencia profesional acumulada por el suscrito en diversos procesos de intervención y promoción de la salud mental en instituciones públicas y privadas en Chile, en donde se observan paradójicamente prácticas y mecanismos que tienden a ‘normalizar’ dinámicas de trabajo extensas, individualistas, alienantes y competitivas, amparadas bajo un sistema neoliberal que ocasiona una fuerte desigualdad social y perpetúa el statu quo imperante (Sandoval, 2012). Desde esta lógica, se habrían instalado las bases estructurales de una economía supeditada a la explotación y exportación indiscriminada de nuestros recursos naturales, la dependencia a fuentes de inversión extranjera; la existencia de prácticas ineficientes de gestión y comunicación; la preeminencia de la lógica de mercado en el diseño y construcción de las políticas públicas así como el papel subsidiario del Estado frente a la protección y resguardo de los derechos y libertades de las personas en el contexto laboral (Aravena, 2018).

Desde luego que existen diversos factores que pueden incidir en aumentar el estrés en el trabajo y, por ende, impactar negativamente en la calidad de vida y bienestar de las personas, tales como: normalización de la violencia (cómo se ve reflejado en “La Fábrica del Terror”); clima organizacional negativo entre sus pares o jefaturas; discriminación por raza, etnia o género; la falta de reconocimiento hacia las funciones y tareas; jornadas laborales extensas y la consiguiente sobrecarga de trabajo, escaso tiempo para el descanso, el ocio y la recreación, entre otros.

El desafío que emerge a partir de la grave situación descrita en el reportaje en TVN así como los innumerables casos de vulneración de derechos laborales en Chile y la acción tardía del Estado, confirman la necesidad de instalar una institucionalidad actualizada, flexible y coherente con las demandas actuales de las personas insertas en el ámbito laboral (Ley de Salud Mental en Chile, por ejemplo) avanzando en la construcción de ambientes de trabajo pluralistas, flexibles y promotores de la salud física y mental positiva, cumpliendo con lo señalado en el Plan de acción mundial sobre la salud de los trabajadores (2008-2017) y el Plan de acción sobre salud mental (2013-2020) de la OMS en donde se establecen con claridad los principios, objetivos y estrategias más idóneas para la protección integral de la salud mental en el trabajo. El desafío sigue instalado.

 

Para citar:



[1] Hacemos alusión a lo ampliamente descrito en la Ley Nº 16.744, en donde se establecen normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Diario Oficial N° 26957 (1° feb 1968). 

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COLUMNA DE OPINIÓN

11 de Febrero 2019

Eduardo Sandoval Obando
Psicólogo; Magíster en Educación, Políticas y Gestión Educativas
Doctor en Ciencias Humanas
Académico e Investigador



A propósito de los reiterados cuestionamientos que ha enfrentado el Estado de Chile por los episodios de grave vulneración de derechos identificados en niños, niñas y jóvenes (NNJ) que se encontraban insertos en Centros de administración directa del Servicio Nacional de Menores, el abordaje superficial de las políticas públicas en materia de infancia (muchas de ellas, con una mirada a corto plazo) y las cifras preocupantes en torno a la salud mental infanto-juvenil, nos obliga a mirar estos fenómenos con cautela y responsabilidad, pensando en los enormes desafíos que nuestro país enfrenta para favorecer la emergencia de ambientes protectores que resguarden transversalmente los derechos fundamentales de nuestros niños/as y jóvenes.

Como profesional vinculado a la intervención en salud mental e Investigador en el campo de las Ciencias Sociales, las cifras de salud mental infantil que acumula nuestro país son preocupantes y develan en parte, una acción errática y superficial por parte del Estado para diseñar e implementar un modelo integral de protección y promoción del buen trato en la infancia / juventud. Al respecto y según la información aportada por el Ministerio de Salud (2018), el suicidio se ha convertido en la segunda causa de muerte entre niños y jóvenes en el país entre los 8 y los 18 años de edad, después de los accidentes. Asimismo, la prevalencia de trastornos mentales y del comportamiento en NNJ se sitúa alrededor del 20% de la población. Es decir, uno de cada cinco jóvenes sufre un tipo de trastorno mental en el mundo. Esto convierte a los trastornos mentales en una de las principales causas de morbilidad y discapacidad en este rango etario.

En el caso de Chile, y según lo reportado por Vicente et. al (2012), existiría una prevalencia general de trastornos mentales de 22,5% (19,3% para los hombres, 25,8% para las mujeres), siendo los trastornos del comportamiento disruptivo y los trastornos ansiosos los problemas más comunes. Lo más preocupante es que la tasa de prevalencia es más elevada en niños entre 4-11 años (27,8%), en comparación a los jóvenes entre 12-18 años (16,5%). En Santiago, el mismo estudio mostró una prevalencia de trastornos psiquiátricos de 25,4% (20,7% para los hombres y 30,3% para las mujeres).

Las cifras descritas precedentemente, evidencian que la Salud Mental en Chile, continúa siendo el ‘hermano pobre’ de nuestro sistema sanitario (Sandoval-Obando, 2016). En este sentido, la Organización Mundial de la Salud recomienda que los países debieran destinar un 5 % de los recursos en salud a esta área, sin embargo, la realidad nacional indica que solo se destina un 2,5 %. A este panorama, se suma que Chile junto con Corea del Sur, son las dos naciones en que la tasa de suicidio de niños y adolescentes aumenta cada año en vez de disminuir, y en donde existen altas tasas de automedicación y casi 1/3 de las licencias médicas emitidas en Chile se encuentran vinculadas a trastornos de salud mental.

En vista a lo anteriormente expuesto, conviene preguntarse si ¿son suficientes y adecuados los medios y recursos existentes para afrontar las necesidades de salud mental en nuestro país? ¿Qué impacto han tenido los esfuerzos generados en materia de promoción y prevención en salud mental? ¿Qué medidas concretas han surgido a partir del Acuerdo Nacional por la Infancia? ¿De qué manera se podría proteger la salud mental de los niños, niñas y jóvenes en Chile? ¿Qué rol juega la Academia y la Sociedad Civil en el diseño de las políticas públicas en materia de Infancia / Juventud? A pesar de lo expuesto, esta realidad nos permite extraer algunas reflexiones: 1) los problemas de salud mental infantil se encuentran relacionados con los altos niveles de desigualdad existentes en Chile; 2) los trastornos mentales no son sólo una cuestión médica, sino una problemática social y política que involucra a la sociedad en pleno (Gobierno, familia, escuela, organizaciones de la sociedad civil, etc.), para implementar reformas estructurales en materia de infancia, educación, salud, cultura y deporte, entre otros; 3) la alta prevalencia de trastornos de salud mental y los costos asociados, contrasta significativamente con el aporte reducido del estado en esta materia, en donde ni siquiera existe una Ley de Salud Mental.

Finalmente, creemos que la salud mental infantil en Chile debe ser una prioridad nacional, que avance en la incorporación de la protección transversal de la infancia en los procesos de planificación y gestión de las políticas públicas; la promoción de un sistema educativo justo, igualitario y democrático que potencie el aprendizaje para toda la vida; el diseño de mecanismos eficaces de seguimiento y control, para la protección integral de los niños/as en situación de vulneración de derechos; el fortalecimiento de actividades que promuevan la eliminación de toda forma de violencia contra las mujeres y las niñas en los diferentes ámbitos de la sociedad; incentivar la función protectora y preventiva de las comunidades; avanzar en el empoderamiento jurídico de los niños, mujeres, familias excluidas y la sociedad civil a fin de mejorar su acceso a los bienes y servicios de apoyo disponibles, etc. No podemos olvidar que un país responsable y serio que protege integralmente a sus niños, niñas y jóvenes, se convierte en una nación que apuesta por un futuro democrático y justo para todos/as.


Para Citar: 

Sandoval-Obando, E. (2019, Febrero 11). El rol del estado y la sociedad civil frente a al abordaje y comprensión de la salud mental infantil en Chile. El Mostrador. Recuperado de http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2018/09/15/sistema-de-pensiones-y-bienestar-social-en-la-vejez-un-derecho-fundamental/   DOI:  10.13140/RG.2.2.25312.74246



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Otras Voces en Educacion

Columna de Opinión

 ISSN: 2477-9695

06 de Febrero 2019

La Institución Escolar en Tiempos de Crisis: Reflexiones desde una Perspectiva Crítica

 

Eduardo Sandoval Obando

Psicólogo;

Magíster en Educación, Políticas y Gestión Educativa

Doctor en Ciencias Humanas

Correspondencia a: Eduardo.sandoval.o@gmail.com

 

La institución escolar ha debido enfrentar una serie de conflictos y demandas sociales durante el último tiempo (tales como: el fenómeno de la migración en el contexto latinoamericano, las tomas feministas abogando por una mayor igualdad de género, el aumento de los costos de vida y la progresiva brecha en términos de resultados de aprendizaje entre el sistema público y privado, etc.). Estas problemáticas han tensionado significativamente las pauta de comportamiento y dinámicas relacionales desplegadas dentro de la escuela. Particularmente, en los docentes se respira un ambiente de perplejidad, agotamiento y frustración, al ser testigos del cuestionamiento sistemático hacia los fundamentos epistemológicos que legitimaban la escuela y los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y es que según Pérez Gómez (1998: p. 76) “la escuela, que durante siglos ha contribuido a la extensión del conocimiento, a la superación de la ignorancia y de las supersticiones que esclavizaban al individuo, a la preparación de los ciudadanos, y a la disminución de la desigualdad, ha sido fiel reflejo de los valores y contradicciones de la cultura moderna”.

Creemos que lo anterior, es la consecuencia de un modelo escolar que abraza sistemáticamente el modelo positivista del conocimiento científico, sobre el currículum y las prácticas pedagógicas, abocándose a la transmisión deliberada de contenidos y la homogeneización de los aprendizajes, respondiendo a los ‘intereses’ de un sistema neoliberal altamente alienante e individualista. Por ende, la escuela y la lógica cartesiana que la caracteriza, ha olvidado las particularidades y complejidades socioeducativas de sus estudiantes, así como su desarrollo cultural, desatendiendo aquellos aspectos socioemocionales, históricos o incluso políticos del aprendizaje.

Por tal razón, los niñ@s y jóvenes que ingresan a la escuela no llegan como fracasados o encasillados según su rendimiento, sino que es en la institución escolar, donde se les clasifica y etiqueta muchas veces con el rótulo de fracasados. Es decir, los educandos exhiben desde temprana edad, su propensión a aprender (Sandoval-Obando, 2012; Calvo, 2016), pero ésta comienza a anquilosarse producto de las lógicas positivistas y fragmentarias que dominan el currículum escolar.

Pero ¿qué podemos hacer ante esta realidad tan paradójica? ¿Qué herramientas o reflexiones podríamos identificar para apoyar la práctica pedagógica? Al respecto, Sandoval-Obando (2017) profundiza en las experiencias vitales de aquellos docentes que se desempeñan pedagógicamente en contextos vulnerados donde asisten jóvenes vinculados a episodios de infracción de ley, admitiendo la emergencia de un marco intercultural más amplio, capaz de integrar los diversos valores, costumbres, creencias, intereses y aspiraciones de sus educandos, promoviendo al mismo tiempo, la reflexión crítica, el respeto y la autonomía en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

La función educativa de la escuela desde una perspectiva crítica, exige tensionar los fundamentos que la sustentan y, al mismo tiempo, tales reflexiones deben contribuir a que los docentes distingan que muchas veces se encuentran en una posición intermedia, entre cubrir la totalidad del programa de una determinada asignatura (cumpliendo con el currículum imperante) y la necesidad de construir un espacio y tiempo escolar, que favorezca el desarrollo integral de sus estudiantes, aminorando el efecto negativo, que muchas veces produciría el contexto de origen o factores personales del educando. Nótese, que no negamos que, por la razón que sea, algunos niños, niñas y jóvenes, aprenden más lentamente que otros o de una manera diferente. Pero lo cierto es que “sin los arreglos sociales que atribuyen importancia a los ritmos diferenciales de aprendizaje, la discapacidad de aprendizaje no existiría (McDermott, 2001: p. 295).

Finalmente, el gran desafío que enfrentan los países latinoamericanos radica en la elaboración de políticas educativas inclusivas y democráticas, dirigiendo sus esfuerzos a la mejora de la calidad en la educación, compensando en parte, las desigualdades existentes entre la educación pública y privada. Para ello, se hace necesario: 1) la creación de mecanismos complementarios permanentes que fortalezcan la formación inicial docente y la mejora continua de la práctica pedagógica; 2) la promoción de estrategias pedagógicas innovadoras que potencien la relación educador-educando, favoreciendo el despliegue de sus potencialidades; y por último, 3) el aumento de la participación de los padres en la educación de sus hijos, conformando comunidades educativas participativas y autoorganizadas, centradas en el aprendizaje de sus estudiantes y en la mejora transversal de sus procesos de desarrollo institucional (Sandoval-Obando y Lamas, 2017).

 

Referencias

Calvo, C. (2016). Del Mapa Escolar al Territorio Educativo. Disoñando la Escuela desde la Educación (4° Edición). La Serena: Nueva Mirada.

McDermott, R. (2001). La Adquisición de un Niño por una Discapacidad de Aprendizaje. En S. Chaiklin y J. Lave (Comps.). Estudiar las prácticas. Perspectivas sobre Actividad y Contexto. Buenos Aires: Amorrortu.

Pérez Gómez, A. (1998). La Cultura Escolar en la Sociedad Neoliberal. Madrid: Morata.

Sandoval, E. y Lamas, M. (2017). Impacto de la Ley SEP en las Escuelas: Una Mirada Crítica y Local en torno Al Rol de los Psicólogos de la Educación. Paideia, Revista de Educación, (61). 57-81.

Sandoval-Obando, E. (2017). El Docente como Mediador Emocional y Cognitivo de Jóvenes en Contextos Vulnerados: Tensiones y Desafíos para la Transformación de la Práctica Pedagógica. Tesis conducente al Grado Doctor en Ciencias Humanas. Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Austral de Chile. Impresa.

Sandoval-Obando, E. (2012). Construcción Socio-histórica de la Propensión a Aprender de los Adolescentes Infractores de Ley. Tesis de Magíster en Educación, Mención Políticas y Gestión Educativa. Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Austral de Chile. Impresa.  

 

Para citar este Trabajo: Sandoval-Obando, E. (2019). La Institución Escolar en Tiempos de Crisis: Reflexiones desde una Perspectiva Crítica. Otras Voces en Educación. ISSN: 2477-9695. Recuperado de:  http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/290431 

DOI:  10.13140/RG.2.2.11890.96967


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Otras Voces en Educacion
Columna de Opinión
 ISSN: 2477-9695
02 de Octubre 2018
LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN LA INFANCIA: UNA TAREA RELEVANTE Y NECESARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

Por Eduardo Sandoval Obando

El cerebro humano es un órgano tremendamente complejo y eficiente, capaz de interpretar patrones dinámicos de comportamiento, procesar información y simultáneamente, coordinar múltiples funciones, tareas y actividades. Esta enorme capacidad para operar y funcionar de manera auto-organizada, le permite al ser humano responder cotidianamente a los múltiples desafíos que le demanda su entorno.

Prueba de ello, es que desde el punto de vista socio-cognitivo, existen numerosos estudios (Sandoval-Obando, 2014a; 2014b; Moreno y López de Maturana, 2015; Calvo, 2016) en los que es posible observar que la propensión a aprender fluye de manera multidireccional y polifacética en los niños y niñas, siendo capaces de elaborar hipótesis complejas acerca del mundo, y al mismo tiempo, dejándose llevar por la curiosidad y la exploración, la observación y la despreocupación del error, la creatividad (Sandoval-Obando, 2018) y el juego. Es decir, estarían dotados de un enorme repertorio cognitivo y una alta apertura hacia el aprendizaje.

Sin embargo, y paradójicamente estas potencialidades cognitivas experimentarían un progresivo anquilosamiento (Sandoval-Obando, 2012), como resultado de una lógica escolar centrada en los resultados y que tiende a reproducir invariablemente prácticas pedagógicas monótonas y rígidas, muchas veces ancladas en planes y programas absolutamente desconectados de los saberes y experiencias previas acumuladas en los ambientes de origen del alumnado. Así, la práctica educativa formal, da paso a una acción generalmente institucionalizada desde el nivel central, con base en un currículum rígidamente establecido e interiorizado por el docente, en la cual, según Rogers (2004), “el aprendiz cede su autonomía, se inscribe en un programa y acepta la disciplina impuesta externamente de éste”. Esta realidad se agrava cuando nuestros niños ostentan una de las peores cifras del mundo en términos de salud mental, experimentando altos índices de obesidad, Ansiedad, depresión, hiperactividad y conductas agresivas.

A propósito de lo anterior, conviene preguntarnos y reflexionar en torno a las siguientes interrogantes ¿Cuál es la importancia de la estimulación temprana en los niñ@s? ¿Cómo impacta el buen trato en la primera infancia, desde el punto de vista cognitivo? ¿De qué manera podemos construir ambientes de aprendizaje activos y atractivos para nuestros niños y niñas en América Latina y el Caribe? Al respecto, es posible señalar que la estimulación temprana (ET) se entiende como aquel conjunto de acciones sistemáticas, intencionales y deliberadas que favorecen el desarrollo armónico del ser humano durante sus primeros años de vida (Tamayo, 2000), estimulándolo cognitiva y emocionalmente para despertar al máximo sus potencialidades y capacidades sensoriales, motrices, relacionales, etc. Esta intervención beneficia significativamente a los niños y niñas, ampliando sus estructuras cognitivas y favoreciendo su adaptación a un entorno altamente dinámico y exigente. Más aún, la experiencia clínica educativa acumulada, nos ha permitido observar en contextos de protección y Justicia Juvenil Chilenos, que los niños estimulados desde su nacimiento despliegan un mayor desarrollo orgánico y funcional en su sistema nervioso, además de un equilibrio adecuado en su crecimiento físico, cognitivo y emocional, a diferencia de aquellos menores situados en ambientes deprivados socio-culturalmente (caracterizados por la pobreza, inestabilidad familiar, maltrato; estilos de apego ambivalente o desorganizado; estrés psicosocial, deserción escolar, etc.) quienes, ante una persona desconocida no hablan, tienen miedos y estallan en llanto, incidiendo significativamente en sus potencialidades educativas futuras. Además, muestran una disminución del peso y talla, una propensión marcada a las enfermedades, dificultades en la atención y la concentración, pobreza intelectual (Raczynski, 2010).

Por ello, sólo en la medida en que la institución escolar pueda repensar y tensionar las prácticas socio-pedagógicas que la sustentan así como la creciente estandarización del aprendizaje, podrá valorar y reconocer los múltiples talentos y experiencias que cotidianamente construye el alumnado en tiempos y espacios diversos, superando con creces los límites definidos por la formalidad de la escuela.

Estas reflexiones nos invitan a la configuración de pautas y dinámicas relacionales desafiantes, activas y lúdicas de las figuras de apoyo (padres, madres, educadores, etc.) que posee un educando en sus contextos de origen, para aprovechar los periodos críticos del ciclo vital. Al mismo tiempo, recalca la importancia de construir y proponer investigaciones multidisciplinarias en el campo de las Ciencias Sociales y Humanas, en donde se proponga una reforma epistemológica de la escuela así como el diseño de Políticas Públicas que protejan y resguarden transversalmente los derechos de la infancia en América Latina y el Caribe. Tal vez de esta forma, se fomentará el buen trato y la disciplina positiva, los estilos de vida saludable y las oportunidades que brinda la estimulación temprana, potenciando en definitiva, la propensión a aprender de nuestros niñ@s; transformando la institución escolar en un espacio y tiempo en el que todos y todas tenga cabida; fomentando la estimulación de la libertad, la confianza, la creatividad, la curiosidad y el aprendizaje practico.

 

Referencias

Calvo, C. (2016). Del Mapa Escolar al Territorio Educativo. Disoñando la Escuela desde la Educación(4° Edición). La Serena: Nueva Mirada.

González, C. (2007). The Early Stimulation Programs from the Teacher’s Perspective. Liberabit, 13(13), 19-27.

Moreno, A. y López de Maturana, S. (2015). Ambientes Educativos Escolares: Una Investigación sobre la Propensión a Aprender en Jardines Infantiles Chilenos. Estudios Pedagógicos, 41(especial), 169-180.

Raczynski, D. (2010). Política de Infancia Temprana en Chile: Condicionantes del Desarrollo de los Niños. En Foco, 77, 1-24. Recuperado de http://expansiva.cl/media/en_foco/documentos/19062006104331.pdf

Rogers, A. (2004). Looking Again at Non-formal and Informal Education. Towards a New Paradigm. Recuperado de http://www.infed.org/biblio/non_formal_paradigm.htm

Sandoval, E. (2018, Agosto 12). La Creatividad ¿Un Factor Ausente en el Sistema Escolar Chileno? El Mostrador. Recuperado de http://m.elmostrador.cl/noticias/opinion/2018/08/12/la-creatividad-un-factor-ausente-en-el-sistema-escolar-chileno/  DOI: 10.13140/RG.2.2.35847.29602

Sandoval-Obando, E. (2014a). Posibilidades Educativas del Adolescente Infractor de la Ley: Desafíos y Proyecciones a partir de su Propensión a Aprender. Psicología Educativa, 20(1), 39 – 46.

Sandoval-Obando, E. (2014b). Propensión a Aprender de los Adolescentes Infractores de Ley: Reflexiones desde el Enfoque Biográfico. Polis, 13 (37), 251-273.

Sandoval-Obando, E. (2012). Construcción Socio-histórica de la Propensión a Aprender de los Adolescentes Infractores de Ley. Tesis de Magíster en Educación, Mención Políticas y Gestión Educativa. Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Austral de Chile. Recuperado de http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2012/egs218c/doc/egs218c.pdf

Tamayo, R. (2000). Estimulación Temprana en el niño pequeño. Recuperado de http://www.neurorehabilitacion.com/estimulacion_temprana.htm#


Para citar este Trabajo: Sandoval-Obando, E. (2018). La Estimulación Temprana en la Infancia: Una Tarea Relevante y Necesaria para el Desarrollo Integral. Otras Voces en Educación. ISSN: 2477-9695. Recuperado de: http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/290431


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COLUMNA DE OPINIÓN
15 de Septiembre 2018

SISTEMA DE PENSIONES Y BIENESTAR SOCIAL EN LA VEJEZ: UN DERECHO FUNDAMENTAL

Eduardo Sandoval Obando
Psicólogo; Magíster en Educación, Políticas y Gestión Educativas
Doctor en Ciencias Humanas
Académico e Investigador

 

Centrar la discusión y reflexión en torno a las políticas, programas y acciones concretas que se puedan generar desde el Estado y también por la ciudadanía para afrontar los cambios demográficos del país, pensando en el progresivo envejecimiento de nuestra población, al estimarse que al año 2025, la población mayor de 60 años corresponderá a un 20% de la cantidad de habitantes del país, lo que superará el porcentaje de población menor de 15 años (Campos, Herrera, Fernández y Valenzuela, 2014), se convierten en una temática relevante y tal vez urgente, al que debemos responder como sociedad.

En este sentido, resulta preocupante el que para muchos chilenos, el envejecimiento se transforme en una etapa altamente estresante, desoladora y llena de circunstancias sanitarias, sociales, culturales y económicas que confluyen entre sí, deteriorando gradualmente sus condiciones de vida y desarrollo personal. Al respecto, no se puede negar que ha existido cierta voluntad por revisar y/o ‘mejorar’ (aunque superficialmente) el sistema de pensiones en Chile, implementando diversas medidas, las que van desde el sistema de reparto al ahorro individual en los años 80’; la implementación de modificaciones específicas para fomentar la dimensión no contributiva y ocuparse de la población más vulnerada en el 2008; el Bono por hijo a partir de los 65 años; las cuentas de capitalización individual voluntaria; los ajustes de tasa de aporte en aquellos casos de sobrevivencia e invalidez; el aumento en los montos asignados para la Pensión Básica Solidaria (Ex – PASIS); el aporte previsional solidario adicional para aquellos cotizantes con montos bajos de jubilación, la reducción de la cotización obligatoria en salud; la rebaja en el transporte público; el teletrabajo, entre otros.

No obstante, pareciera ser que este conjunto de medidas siguen siendo insuficientes y tienden a impactar negativamente sobre las posibilidades de subsistencia y autonomía de nuestros adultos mayores. A modo ilustrativo, se estima que el salario mínimo de un adulto mayor en Chile no supera los $206.000 aproximadamente, encontrándose incluso bajo el salario mínimo exigido por ley.

Ante esta realidad, conviene preguntarse ¿De qué manera es posible avanzar en la instalación de un sistema de bienestar en la adultez tardía, entendiéndolo como un derecho fundamental? ¿Cómo se podría preparar la ciudadanía para afrontar exitosamente esta etapa del ciclo vital? ¿Repensar la jubilación y su relación con otros fenómenos como la migración y el aumento de las expectativas de vida? ¿Cómo dar el salto en la discusión desde la des-pensionalización del debate hacia la configuración de políticas públicas que asuman e integren verdaderamente la protección integral del adulto mayor? A nivel internacional, se ha observado un interés sistemático en torno a la revisión del sistema de pensiones y las condiciones de vida que enfrentan los gerontes. Prueba de ello, es que en los países adscritos a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), así como en la Unión Europea, se han enfocado en disminuir la pobreza en la vejez, particularmente en el caso de quienes no logran los montos de cotizaciones necesarias o no han cotizado nunca en el sistema; considerando que las mujeres representan a la mayoría de los pobres de edad avanzada en los países de la OCDE (D’Addio, 2013).

A nivel nacional, existe una sistematización interesante sobre el tema de la Jubilación (Biehl, Wormald y Browne, 2018) en el que se plantean algunos problemas y nudos críticos que adquieren interés por parte de la ciudadanía. Dicho estudio permite evidenciar una sobrestimación de la confianza en las capacidades futuras de las personas; una falta de planificación de largo plazo sobre la pensión, generando una visión pesimista sobre sus proyecciones actuales y futuras, incidiendo en definitiva, en una valoración negativa de la situación económica que aumenta, en la medida que se acerca a la edad de jubilación, altos niveles de inseguridad frente al sistema de pensiones, la instalación de una clase media vulnerable (conformada por familias que no reciben aportes del Estado ni del Mercado), etc.

Por ello, y a modo de conclusión, abogamos por la instalación de una discusión país que reconozca e integre verdaderamente las múltiples carencias y necesidades que enfrentan cotidianamente nuestros adultos mayores en Chile, posibilitando la emergencia de acciones que les permita mejorar al corto, mediano y largo plazo su calidad de vida. Nos parece que la sociedad mantiene una deuda histórica con este segmento de la población, puesto que muchas de las medidas descritas han estado orientadas al ámbito económico, olvidando aspectos tremendamente importantes tales como: corresponsabilidad frente al cuidado de la familia, apoyo social y bienestar subjetivo, envejecimiento activo; afrontamiento y superación de las desigualdades de género y sociales existentes en la vejez, etc.

En definitiva, aspiramos a la construcción de políticas públicas que sean sensibles con esta realidad, para enfrontar activamente las desigualdades imperantes en la sociedad, y que afectan mayoritariamente a los adultos mayores, las mujeres y las personas con más bajos ingresos. Sólo en la medida en que nos ocupemos de quienes han aportado tanto al país, estaremos verdaderamente construyendo una sociedad con mayor justicia social para todos y todas.

Para Citar: 


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