COLUMNA DE OPINIÓN
13 de Noviembre 2019
Eduardo Sandoval Obando
Psicólogo; Magíster en Educación, Políticas y Gestión Educativas
Doctor en Ciencias Humanas
Postdoctorando (c) en Desarrollo Evolutivo
Académico e Investigador
Las manifestaciones ciudadanas (muchas de ellas, totalmente pacíficas) han sido capaces de colocar en jaque la política nacional y la forma en que el gobierno de turno estaba ‘abordando’ el conflicto. El mensaje ciudadano es claro y directo. Se explicita una crítica directa al modelo económico instalado en Chile, sustentado en parte, por la Constitución Política de 1980, la que en alguno de sus artículos (tales como, lo relacionado a la Ley de Quorum Calificado; el accionar del Tribunal Constitucional; su excesiva diversidad y amplitud, abordando desde el derecho a la vida hasta la jubilación de los fiscales; los senadores designados, etc.) permite el abuso, la desigualdad y las injusticias reproducidas anacrónicamente por una “clase política” totalmente reactiva, indolente y acostumbrada a los privilegios del 1% de los más ricos del país.
Pareciera ser que aunque muchos políticos han deambulado por cuanto canal de televisión y medio informativo que han podido (matinales, espacios de discusión política, redes sociales, etc.), señalando que todos/as ‘veían venir’ esta situación, sintiéndose dueños o representantes del movimiento ciudadano, sólo evidencian la total desconexión que tienen con sus votantes. Más aún, desmuestran una incapacidad para interpretar y comprender los múltiples factores y condiciones (sociales, económicas, culturales, educativas, etc.) que sustentan el malestar acumulado (y quizás histórico) de la inmensa mayoría de los chilenos.
Desde el punto de vista psicológico, sabemos que el malestar acumulado percibido por la inmensa mayoría de los chilenos no tiene una causa única, y de ahí la complejidad para abordarlo desde las Ciencias Sociales y de la Salud. No obstante, al mirar nuestro país y la forma en que el auge del crecimiento económico ‘transmitía’ aires de prosperidad y estabilidad para unos pocos (la mayoría de ellos, pertenecientes a las familias más adineradas de Chile), se fueron diluyendo por varias condiciones: la creciente privatización de nuestros recursos naturales (políticas públicas que fomentan el extractivisimo desmesurado del agua, la madera, el cobre y el litio, entre otros) y servicios básicos (gas, electricidad, carreteras, salud, transporte público, etc.); los múltiples casos de corrupción (Penta SQM, CAVAL, ‘Milicogate’, ‘Pacogate’, etc.) y colusión (del confort, de las farmacias, de los pollos, etc.) en las que se obtienen ‘acuerdos judiciales’ convenientes para los imputados; la deuda histórica con las personas mayores (quienes luchan por sobrevivir ante un sistema altamente desigual e injusto, que deteriora significativamente su calidad de vida. ver promedio pensiones, de acuerdo a la SP); la crisis histórica y aún pendiente por reformar estructuralmente el SENAME (privilegiando verdaderamente la protección de la infancia y de los jóvenes); la deuda histórica de nuestros profesores/as y el mejoramiento de la calidad en la educación; los múltiples casos de abuso en la Iglesia y de impunidad ante delitos sexuales (situación que también se ha observado en el plano internacional, etc. Este conjunto de factores permiten visualizar el alto nivel de victimización, rabia y frustración que experimenta nuestra sociedad y que llevan a que invariablemente, Chile siga estando entre los países con mayor desigualdad económica y educativa entre los países de la OCDE (para mayor información, ver Informe OCDE 2018) así como al deterioro progresivo de la calidad de vida y bienestar general de los individuos ante condiciones laborales excesivamente prolongadas (ver ranking Chile, según relación vida y trabajo de la OCDE).
A pesar de que la ciudadanía sigue manifestándose con fuerza y claridad, el mensaje aún no es recibido e interpretado por quienes han sido democráticamente electos para representarnos en el Congreso. Por su parte, el gobierno y su agenda social, sólo aborda superficialmente muchas de las demandas planteadas por la inmensa mayoría de los chilenos. Por ende, el gobierno actual y los políticos enfrentan una gran encrucijada… Visualizar las manifestaciones ciudadanas como una amenaza, aplicando la doctrina del shock y de la represión (criminalizando el conflicto, por culpa de grupos minoritarios y aislados, pero altamente organizados que han aprovechado de delinquir en medio de las manifestaciones) exponiendo a la sociedad a una mayor polarización social (proliferación de grupos de autodefensa armados, ‘chalecos amarillos’ y personas de extrema derecha como lo ocurrido en Reñaca con John Cobin), a la violencia entre manifestantes y las fuerzas encargadas de reestrablecer el orden público (quienes evidencian, en ciertas ocasiones, una capacidad táctica y operativa retrográda para disolver a los grupos violentistas que se escudan dentro del movimiento ciudadano, sumado al actuar reactivo de las unidades de inteligencia. Cuento aparte, son el uso desproporcional de escopetas antimotines y los múltiples lesionados a causa de los perdigones y balines, materia que será debidamente investigada por la Justicia) vs la enorme oportunidad que se instala en nuestro país para avanzar decididamente en la mejora estructural de nuestra democracia, en la transformación profunda de nuestras leyes que permitan mejorar significativamente nuestras condiciones de vida.
A modo de conclusión y como ciudadano, valoro y reconozco el potencial histórico que representa el movimiento social que se ha levantado en nuestro país, para priorizar y transformar el Estado en un modelo inédito de democracia, participación ciudadana y justicia social en América Latina. Los ojos del mundo están nuestro país, por lo que se debería trazar una ruta clara hacia ciertos ejes (prioritarios a mi juicio): protección integral de la primera infancia (reformulación estructural del SENAME, mejora técnica de los interventores), integración y revalorización de nuestras personas mayores en los diversos ámbitos de la sociedad (mejorando el sistema de pensiones, salud, transporte, vivienda y cultura); que se reinvidique el valor de la educación pública como instancia real de movilidad social; sistema tributario y de recaudación proporcional de acuerdo a la realidad de cada chileno/a (obteniendo aprendizajes y lecciones aprendidas de lo implementado en países como Estonia, Canada, Australia y Nueva Zelanda); uso responsable y sustentable de nuestros recursos naturales (acabando con el extractivismo indiscriminado y las ‘zonas de sacrificio’); reformular el sistema de pensiones y del funcionamiento ‘lucrativo’ de las AFPs (para que el llegar a la vejez no sea un evento catástrofico y negativo) y por sobre todo, con un sistema de salud pública eficiente y acorde a las necesidades epidemiológicas de nuestra población, en las que por primera vez se privilegie la salud física y mental de las personas. El desafío por la transformación social en Chile ya está instalado y en proceso…
Para citar:
- Sandoval-Obando, E. (2019). El Desafío de Avanzar en Democracia y Justicia Social para Todos/as: Una Lección que No Podemos Olvidar. El Mostrador. Recuperado de https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2019/11/13/una-leccion-que-no-podemos-olvidar/
