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Columna de Opinión – Sur Actual
Octubre 2016 

                                                                                                            Por Eduardo Sandoval Obando*

Las últimas elecciones municipales realizadas en nuestro país reflejan según el Servel (2016) que con un 97, 21 % de las mesas escrutadas la participación alcanzó sólo un 33, 9 %. Esto equivale a un total de 4 786 498 votos, de un padrón total de 14 121 316 ciudadanos habilitados para votar. Esta tendencia ya se visualizaba en las pasadas elecciones municipales de 2012, donde participó el 43,2 % de un padrón estimado de 13 404 084, vale decir, 5 797 630 votantes, de manera que el padrón electoral de Chile alcanza una abstención del 65 %. Ahora bien, ¿cómo podríamos interpretar estos resultados? ¿Cuál es el mensaje que quieren enviar los no – votantes a la clase política? ¿Cuál es el impacto real de esta abstención en términos políticos, económicos, educativos y/o culturales? ¿Cuál es el grado de representatividad real de las autoridades municipales electas?
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Lo cierto es que la alta abstención electoral devela una problemática instalada en nuestra sociedad, caracterizada por un descontento generalizado, desinterés y desafección sostenida hacia el sistema político imperante en Chile, que nos obliga a la reflexión y el análisis profundo por parte de las Ciencias Sociales así como a todo aquel ciudadano que cree en la construcción participativa y propositiva de un Chile más justo, igualitario y verdaderamente democrático.
No podemos olvidar que desde hace algunos años, las instituciones políticas chilenas evidencian una serie de síntomas tremendamente negativos para la ciudadanía (Caso CAVAL, PENTA, SQM, por ejemplo, donde la impunidad y el blindaje político es descarado), producto del comportamiento “éticamente reprochable” de diversos líderes y referentes políticos en los diversos ejes del servicio público (Salud, Educación, Economía, Gobierno, etc.), donde el lucro, el afán de poder y el éxito (al mínimo esfuerzo) instalan un clima enrarecido en la ciudadanía, marcado por la desconfianza, la impotencia y el repudio hacia quienes ostentan el poder en nuestro país.
Todo lo anterior se ve negativamente potenciado por el tráfico de influencias, el cuoteo político de los cargos de responsabilidad en el servicio público (Servicio Nacional de Menores por ejemplo, donde se culpan unos a otros por el actuar deficiente, irresponsable y negligente de un Estado que sólo acarrea personajes y “autoridades” con una formación ética y técnica cuestionable, en materia de infancia y adolescencia), facilitando la mercantilización de las reformas políticas, en que el dinero y los intereses de los grupos de poder dirigen implícita o explícitamente las decisiones de los “honorables” que nos representan en el congreso, afectando dramáticamente el sentido de la democracia.
Aunque la mirada parezca catastrófica, basta con revisar los estudios internacionales de diversos organismos (OCDE, Unicef, Cepal, OMS, etc.) que reflejan las profundas desigualdades sociales existentes en nuestro país, las que se ramifican como un tumor cancerígeno sin tratamiento efectivo, llevándonos a un camino sin retorno (o al menos, con un panorama sombrío y complejo, en materia de desarrollo).
Desde la sociología, la variación de la abstención es un fenómeno emergente y tremendamente complejo de definir, pero que se explica en parte por algunas diferencias en factores estructurales de nuestra sociedad, tales como la edad, contexto de origen, nivel educativo y socioeconómico, que, al afectar los recursos personales (y, en parte, el grado en que las decisiones políticas influyen en el bienestar individual) de cada elector, modifican la probabilidad de que cada elector vote. No obstante, y en palabras de Lutz (2005), la no-participación política de una parte de los ciudadanos en los regímenes democráticos es ciertamente una de las paradojas más difíciles de analizar y afrontar en el siglo XXI.
La realización de elecciones periódicas en un país como el nuestro (municipales, parlamentarias y/o presidenciales), no significa que se trate de un sistema político democrático, ni a la inversa. No cabe duda alguna de que todo sistema democrático tiene como virtud el libre albedrío. Es decir, no es solamente la libertad de ser elegido y la libertad de elegir a uno de los candidatos debidamente registrados, pues son libertades circunstanciales y acotadas, sino la libertad de hacer un uso radical y propositivo de su libertad de voto, puesto que un país se construye con la participación activa de todos sus ciudadanos, y por otra parte, obliga a quiénes están en el poder, a la renovación total de las visiones y castas políticas añejas que promueven el caudillismo político, la mantención del statu quo y la rotación de los mismos de siempre.
Un reflejo de esto es el bajo nivel de autocrítica reflejado por algunas autoridades de la región respecto a los resultados de la “Nueva Mayoría”, quienes se culpan unos a otros por los resultados, olvidando sus propias responsabilidades, desempeño y/o capacidad política para liderar y/o captar la atención de los votantes ante proyectos políticos repetidos, monótonos y escasamente creativos.
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Finalmente, y a modo de reflexión, creemos que la educación y la sociedad en general tienen un enorme desafío por delante en la tarea de recuperar aquellos procesos y espacios de formación ética, cívica y pensamiento crítico que nos permita dar el giro necesario en la construcción de un país cohesionado y verdaderamente constructivo para sus ciudadanos. Esperemos que experiencias como las de Sharp en Valparaíso, abran nuevas rutas o posibilidades de acción y transformación social en materia política.
Psicólogo. Postítulo en Sexualidad y Afectividad (U. de Chile). Diplomado en Docencia Universitaria. Diplomado en Modelo Salud Familiar (U. de Chile). Magíster en Educación, Mención Políticas y Gestión Educativas. Doctor © en Ciencias Humanas, UACH. Interventor Clínico en Salud Mental – Atención Primaria.
Correspondencia a: eduardo.sandoval@correo.udc.es
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Columna de Opinión – Sur Actual
19 de Agosto 2016 
Sur Actual
Por Eduardo Sandoval Obando*
En tiempos de incertidumbre, inestabilidad socioeconómica y cuestionamientos transversales al sistema político imperante en nuestro país que ha instalado, o quizás perpetuado, un modelo económico que consolida las desigualdades sociales, resulta necesario y conveniente construir una mirada optimista y propositiva acerca de nuestras posibilidades de desarrollo cognitivo y emocional, particularmente en momentos en que sonreír, compartir con la familia, pensar positivo o disfrutar de algún pasatiempo (correr, andar en bicicleta, escribir, disfrutar de una cena, viajar, etc.), se convierte en una tarea titánica o una misión imposible, influido por las condiciones climáticas, los días grises, el exceso de trabajo y/o las presiones ambientales en las que paradójicamente nos comprometemos.
Por ello, nos acercamos a los planteamientos teóricos que se han construido desde la Psicología Positiva, asumido como un enfoque emergente de la psicología, que se aboca a la comprensión y profundización de todos aquellos aspectos que nos explicitan los aspectos valiosos y enriquecedores que nos entrega la vida. Dicho de otro modo, es el análisis de lo que va bien en la vida, desde el nacimiento hasta la muerte (Seligman y Csikszentmihalyi, 2000). Dicho enfoque estudia la experiencia óptima, es decir, a las personas siendo y dando lo mejor de sí mismas en tiempos y espacios diversos, independientemente de las condiciones ambientales en las que se encuentren. De tal modo, las investigaciones realizadas, aportan una comprensión científica más completa y equilibrada de la experiencia humana, y al mismo tiempo, transmiten lecciones valiosas acerca de cómo construir una vida feliz, saludable, productiva y significativa (Park y Peterson, 2009).
En complemento con lo anterior, la Psicología Positiva proporciona un marco relacional integral para describir y entender en qué consiste una buena vida, explorando las experiencias subjetivas positivas (felicidad por ejemplo), los rasgos de personalidad que contribuyen al bienestar general (resiliencia, talentos, intereses, sabiduría, esperanza, etc.), la importancia de las relaciones interpersonales cercanas y afectivas (lazos de amistad, satisfacción marital, sensación de apoyo social, uso del tiempo libre, etc.) y cómo se construyen las organizaciones positivas (familias, escuelas, empresas, comunidades, etc.).
Lo cierto es que esta perspectiva teórica en ningún caso niega el dolor y el sufrimiento, tampoco compite con la psicología tradicional, sino que más bien, se esfuerza por analizar y comprender los factores personales, familiares, comunitarios y/o políticos que posibilitan la superación de las crisis en las personas, ayudándolos a fortalecer sus potencialidades y talentos, alcanzando un nivel de funcionamiento más eficaz ante las adversidades, asumiendo que la felicidad es una decisión personal y que la vida vale la pena vivirla.
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Chile junto con Corea del Sur, son las dos naciones en que la tasa de suicidio de niños y adolescentes aumenta cada año en vez de disminuir.
Ahora bien, los invitamos a observar con detenimiento su entorno cercano (familia, lugar de trabajo, ciudad en la que se encuentra, etc.)… ¿Cuántas personas de su entorno disfrutan lo que hacen? ¿Somos una sociedad que promueve el bienestar general de las personas (considerando la cantidad de horas que trabajamos por ejemplo)? Al recorrer las calles, ¿cuántas personas logra ver sonriendo o disfrutando de la posibilidad de caminar, mirar, escuchar u oír? ¿Cuántas veces no ha visto y/o escuchado a personas que sólo recurren a la fe, cuando tienen algún problema o dificultad? ¿Qué tan solidarios somos (más allá de ocuparnos del otro, en situaciones de catástrofe, apoyar a la Teletón, fomentar la donación de órganos ante casos emblemáticos, etc.)? ¿Cuántas veces hemos sido testigos de los cuestionamientos (implícitos o explícitos) que se emiten en torno al éxito de otras personas (porque quizás es parte de nuestra idiosincrasia, el ser “chaqueter@)? ¿Cuántas horas pasamos pensando y planificando el futuro, olvidándonos de vivir y disfrutar el presente? ¿Cómo cultivamos la felicidad en nuestros niños, niñas y adolescentes que se encuentran escolarizados? ¿Qué tan felices somos los Chilenos?[1]
Paradógicamente, la realidad de nuestro país es abrumadora, en términos de salud mental. Por ejemplo, la OMS señala que un 17,2 % de las personas en Chile sufre de depresión, lo que ubica al país por encima de los niveles mundiales de esta enfermedad. Asimismo, este organismo recomienda destinar un 5 % de los recursos en salud a esta área, pero contradictoriamente, la realidad nacional indica que solo se destina un 2,5 %. A este panorama, se suma que Chile junto con Corea del Sur, son las dos naciones en que la tasa de suicidio de niños y adolescentes aumenta cada año en vez de disminuir; el 35 % de los mayores de 15 años han sufrido un problema psiquiátrico, donde existen altas tasas de automedicación y en que las problemáticas de salud mental están relacionadas con el 26 % de las licencias médicas emitidas durante el último año.
Finalmente, estas reflexiones son una invitación a recuperar nuestra capacidad de disfrutar de las bondades que nos entrega la vida, de fijarse metas y perseguir nuestros sueños, de luchar por nuestra felicidad en los diferentes espacios en los que nos insertamos y de abogar por la construcción de espacios educativos capaces de identificar y potenciar transversalmente los talentos y habilidades de las personas (independientemente de sus contextos de origen), que contribuyan a una vida plena y saludable. Esta vida es una sola y ¡vale la pena vivirla!

[1] De acuerdo al Informe Mundial de la Felicidad 2016, desarrollado por un panel de expertos de la ONU, en los que se investigó la realidad de 156 países, encontramos a nivel latinoamericano que Brasil aparece en el lugar 17, México en el (21), Chile (24), Panamá (25) y Argentina en el 26 respectivamente. Para mayor información, puede acceder a: http://worldhappiness.report/Eduardo Sandoval Obando
Psicólogo. Postítulo en Sexualidad y Afectividad (U. de Chile). Diplomado en Docencia Universitaria. Diplomado en Salud Familiar (U. de Chile). Magíster en Educación, Mención Políticas y Gestión Educativas. Doctor © en Ciencias Humanas, UACH. Interventor Clínico en Salud Mental – Atención Primaria.
Correspondencia a: eduardo.sandoval@correo.udc.es
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Columna de Opinión – Sur Actual
12 de Julio 2016 
Sur Actual
Por Eduardo Sandoval Obando*

Desde hace algún tiempo, las reflexiones y tensiones pedagógicas que emergen desde el sistema de educación superior instalado en Chile dan cuenta de una realidad preocupante y paradójicamente orientada por las reglas y/o necesidades de un sistema económico que promueve implícita o explícitamente las desigualdades sociales que muchas veces cuestionamos como sociedad. En este contexto, observamos el explosivo aumento de la “oferta” existente en la educación superior, lo que se traduce en que la mayoría de las regiones de nuestro país ha aumentado la matrícula gradualmente desde el 2005 a la fecha. Es así como en la región de Los Ríos pasamos desde una matrícula de 11.256 estudiantes a 22.139 en el presente año[1].
Es preciso indicar que este aumento se vio impulsado por la creación del Crédito con Aval del Estado (CAE), como “beneficio” que impulsaría el acceso a la educación superior del alumnado con problemas de financiamiento. Sin embargo, este crédito se ha transformado en un verdadero dolor de cabeza para muchos estudiantes y jóvenes profesionales, que se han tenido que endeudar sistemáticamente para cubrir los intereses provocados por este “crédito”. Según estimaciones del Banco Mundial[2], los jóvenes que tuvieron la opción de estudiar gracias a este crédito adquirirán una deuda casi 180% mayor de lo que será su ingreso anual cuando se titulen y se incorporen al mercado del trabajo.
Más aún, las cifras indican que el porcentaje de sueldo que deberán destinar los estudiantes, una vez convertidos en profesionales, para cubrir la deuda provocada por el CAE, bordea entre el 15% a 18% de su ingreso mensual, viéndose mayormente afectados aquellos jóvenes profesionales que se desempeñan en las carreras de pregrado peor pagadas de Chile, tales como: técnico en párvulos, psicopedagogía, pedagogía (en artes, educación básica, educación física, diferencial, etc.), periodismo, psicología, diseño gráfico, etc. Pero ¿Cuál es la pertinencia, sustentabilidad y/o calidad formativa que entregan estos programas? ¿Los procesos de acreditación en la educación superior chilena son capaces de evaluar técnica y objetivamente este explosivo aumento de Programas?
Al respecto, creemos que la calidad educativa sigue siendo un tema pendiente en nuestro país. Por ello, nos referiremos al desempeño de Chile en la Evaluación Internacional de las Competencias de Adultos[3] (PIAAC), instrumento liderado y organizado por la OCDE, el que da cuenta de las falencias y desigualdades que continúan minando el destino educativo de nuestro país. Los datos muestran que el 67% de las personas adultas presentan bajo desempeño en comprensión lectora y/o razonamiento matemático, mientras que un 48% muestra bajo desempeño en ambas competencias.
Es decir, prácticamente la mitad de los chilenos entre 16 y 65 años sólo puede completar tareas básicas como lectura de textos breves y sencillos y procesos matemáticos básicos como, por ejemplo, contar dinero. Estos resultados son bajos respecto del promedio de la OCDE. De modo que sólo el 5% tiene comprensión lectora y aritmética adecuada para el ejercicio de su profesión.
Tales hallazgos hacen esperable que muchos de nuestros estudiantes tengan dificultad significativa en la compresión y uso de múltiples fuentes bibliográficas (usar un libro, empleando su índice temático o por autores; acceder a revistas científicas; analizar y comprender información, etc.), falencias significativas en la redacción y escritura de textos científicos, uso inadecuado del tiempo libre, hábitos, técnicas y estrategias de estudio deficientes, bajo sentido de responsabilización frente a su proceso educativo (pasividad intelectual y escasa curiosidad epistemológica), afirmando que sólo por el hecho de pagar una colegiatura pueden ser merecedores de un “cartón profesional” que los habilite para el ejercicio de una determinada profesión u ocupación, etc.
Tal contexto se ve potenciado por reglamentos académicos que muchas veces nivelan hacia abajo, fomentando la ley del mínimo esfuerzo con tal de contar con una matrícula estable de estudiantes. Por supuesto que las causas de esta realidad son diversas y complejas, pero no podemos dudar que este sistema ha favorecido la proliferación abusiva de programas (muchos de ellos, de dudosa calidad) y el egreso de muchos profesionales que no logran adquirir las competencias mínimas requeridas, para desarrollar una tarea, actividad u oficio con un alto nivel de logro y satisfacción.
Finalmente y a modo de reflexión ¿Este es el Chile que queremos construir? ¿Estamos interesados o no, en proponer estándares mínimos de funcionamiento, entre las Universidades, que garanticen la calidad y pertinencia de los programas de formación que se imparten? ¿Cuál es la formación ética y/o valórica que están recibiendo nuestros estudiantes en la actualidad? si observamos a diario ejemplos impunes de corrupción, malversación de fondos públicos, financiamiento irregular de las campañas políticas, uso abusivo del “pituto” en los cargos públicos, tráfico de influencias, pensiones de jubilación vergonzosas para miles de trabajadores que lo dieron todo por Chile, en contraste con los millonarios sueldos de los políticos chilenos, etc.)?
A nuestro juicio, creemos en la educación pública, gratuita y de calidad… pero este sueño sólo será posible, en la medida que se implementen reformas estructurales y profundas al sistema (político, educativo, económico, social, cultural), que avancen decididamente en la construcción de una democracia activa, crítica y propositiva de sus ciudadanos y de quienes elegimos para que nos representen en los poderes del Estado.
Eduardo Sandoval Obando
Psicólogo. Postítulo en Sexualidad y Afectividad (U. de Chile). Diplomado en Docencia Universitaria. Diplomado en Salud Familiar (U. de Chile). Magíster en Educación, Mención Políticas y Gestión Educativas. Doctor © en Ciencias Humanas, UACH. Interventor Clínico en Salud Mental – Atención Primaria.
Correspondencia a: eduardo.sandoval@correo.udc.es
[1] Para ahondar en esta materia, puede acceder y visitar el Sitio Web del Consejo Nacional de Educación, en la sección Estadísticas de Educación Superior: http://www.cned.cl/public/secciones/SeccionIndicesPostulantes/Indices_Sistema.aspx  
[2] Desde su concepción en 1944, el Banco Mundial ha pasado de ser una entidad única a un grupo de cinco instituciones de desarrollo estrechamente relacionadas. Su misión evolucionó desde el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) como facilitador de la reconstrucción y el desarrollo de posguerra al mandato actual de aliviar la pobreza en el mundo, coordinándose muy de cerca con su afiliado, la Asociación Internacional de Fomento, y otros miembros del Grupo del Banco Mundial: la Corporación Financiera International (i) (IFC, por sus siglas en inglés), el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (i) (MIGA, por sus siglas en inglés) y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (i) (CIADI). Para Mayor Información, acceder a: http://www.bancomundial.org/
[3] La Evaluación de competencias de adultos evalúa las competencias cognitivas de los adultos en tres dominios fundamentales. Se considera que estas competencias clave y esenciales proporcionan una base para el desarrollo de competencias y destrezas cognitivas de mayor complejidad y que son prerrequisitos para entender y acceder a ciertos campos de conocimiento. Además, estas competencias son necesarias en un amplio rango de contextos, que abarcan desde el campo educativo hasta la vida diaria. Las competencias evaluadas son: Comprensión lectoraComponentes de lecturaCapacidad de cálculoCapacidad para resolver problemas en contextos informatizados. Mayor Información:http://www.oecd.org/skills/evaluaciones-de-competencias/elementosprincipalesdelaevaluacionpiaac.htm
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Columna de Opinión – Sur Actual
28 de Junio 2016 
Sur Actual
Por Eduardo Sandoval Obando*
En el marco actual de tensiones y contradicciones existentes en torno a la educación chilena, donde observamos un Ministerio que opera desde una coalición política acéfala, que no está verdaderamente interesada en generar reformas estructurales al modelo, entregando muchas veces discursos de justicia y transformación social que sólo se reducen a promesas y cambios que nunca llegan. En la otra vereda, existe una oposición política aturdida, ambivalente, escasamente propositiva y que no logra construir un proyecto político renovado, participativo y coherente con las necesidades educativas de nuestro alumnado, puesto que muchos de sus integrantes han gozado de los beneficios y oportunidades de desarrollo que ofrece el mercado educativo chileno, ante una educación bancaria y desigual, fortalecida por el sistema económico imperante.
En adición a lo anterior, observamos un movimiento estudiantil que muchas veces actúa visceralmente ante las decisiones del nivel central, con una ausencia importante de ideas y propuestas concretas que representen a las niñas, niños y adolescentes de nuestro país, articulando movilizaciones (toma de colegios, paralización de actividades, marchas, destrucción de los centros en toma, etc.) con un escaso carácter constructivo y democrático, puesto que alteran significativamente el bienestar social, laboral o cultural de muchos otros ciudadanos. Ante esta realidad, nos preguntamos ¿Han perdido eficacia, sentido e impacto social, las “expresiones” que promueve el movimiento estudiantil? ¿Existen otras prácticas democráticas que expresen propositivamente el cambio social tan anhelado, en materia de educación?¿Cuál es la reforma que Chile Necesita? Por consiguiente, y aunque parezcan alarmistas nuestra reflexiones, creemos que las reformas escolares promulgadas el último tiempo siguen relegando a la primera infancia. Dicha situación podría entenderse porque no son una prioridad para los Gobiernos de turno, al no tener un voto para entregar en las futuras elecciones y porque muchos de ellos ni siquiera han sido consultados adecuadamente en las actuales discusiones legislativas[1]. Entonces, ¿cuáles son los esfuerzos reales que Chile ha generado, para proteger y estimular el desarrollo integral de nuestros niños, niñas y jóvenes? ¿Cómo podríamos unir la academia, los movimientos sociales y la Política en la protección de la primera infancia y el cambio que Chile Necesita?
De ahí surge la necesidad de transformar y replantear el paradigma de la escuela tradicional, dominada por una lógica cartesiana y dicotómica, para potenciar la subjetividad del propio alumno, mediante las Experiencias de Aprendizaje Mediado (Feuerstein, Rand y Rynders, 1998), que le permita construir, reconstruir y transformar su aprendizaje bajo una nueva lógica caótica y emergente, en múltiples direcciones, diversa y pluralista, donde la escuela se convierta en un punto de encuentros y desencuentros, donde la teoría y la práctica dialoguen al servicio de los alumnos y donde la educación sea vista de manera holística, sinérgica, partiendo desde las propias experiencias de los alumnos (Sandoval, 2012).
En este sentido, el desarrollo de las neurociencias ha posibilitado reconocer que la inteligencia y el cerebro infantil se puede estimular desde temprana edad, aprovechando su plasticidad cerebral, generando un mayor número de conexiones neuronales, y por ende, facilitando el aprendizaje de habilidades y mecanismos cognitivos que favorezcan su desarrollo emocional y cognitivo. En complemento a este enfoque, y en palabras de Costa (2002), existirían algunos hábitos mentales que contribuirían al máximo aprovechamiento cognitivo de los recursos que todo niñ@ posee, tales como la persistencia; el manejo de la impulsividad; la habilidad para escuchar con empatía; el pensamiento flexible y la metacognición; la creatividad y la innovación; el sentido del humor y la apertura al aprendizaje continuo.
Finalmente, es necesario recalcar la estrecha relación existente entre el afecto y el pensamiento, como promotor del aprendizaje. Es decir, cada niñ@ percibe y procesará la información de su tiempo y espacio escolar, con mayor facilidad si es valorado, apreciado, o querido. Su autoconcepto se va dibujando en función de la imagen que le devuelve su entorno (familiar, escolar, cultural, etc.), lo que le permite también valorarse, quererse y percibirse como competente y autónomo, potenciando la curiosidad, exploración y despreocupación del erro. Y Ud. ¿de qué manera se implica y potencia el desarrollo integral de su hij@? Participemos y promovamos desde las bases, el giro necesario que requiere nuestra educación actual…
[1] A modo de propuesta, destacamos la Nueva Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 (OREALC / UNESCO), que establece como su objetivo n°4 “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida para todas y todos”. Este compromiso global, adoptado por más de 193 países, hoy debe ser contextualizado a la realidad de América Latina y el Caribe. Para cumplir este objetivo, se desea conocer la opinión de la juventud y que su voz sea una orientación para las políticas educativas de los próximos años. Por ello, se invita a todos los y las jóvenes, entre 15 y 25 años, a participar de la consulta ciudadana “Diles qué quieres aprender”, a través de ella, tendrán la oportunidad de señalar qué es lo que quieren aprender y cómo quieren hacerlo para cumplir sus sueños, cambiar su entorno y construir un mundo mejor. Para mayor información, puede acceder al sitio web: http://www.dilesquequieresaprender.org/responda-a-consulta
Psicólogo. Postítulo en Sexualidad y Afectividad (U. de Chile). Diplomado en Docencia Universitaria. Diplomado en Salud Familiar (U. de Chile). Magíster en Educación, Mención Políticas y Gestión Educativas. Doctor © en Ciencias Humanas, UACH. Interventor Clínico en Salud Mental – Atención Primaria.
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Columna de Revisión en FOCO SOCIAL – Comunicaciones, Niñez y Adolescencia
  20 de Junio 2016


Por Eduardo Sandoval Obando*
Desde hace algún tiempo, han comenzado a emerger una serie de cuestionamientos y profundas interrogantes respecto a la eficacia y organización interna del Servicio Nacional de Menores (1) para intervenir y abordar integralmente a los niños, niñas y adolescentes (NNA) más vulnerables de nuestro país. 

Lo cierto es que paradójicamente se ha vuelto una costumbre, que los principales puestos de dirección y coordinación regional de este servicio, recaiga muchas veces en manos de profesionales que carecen significativamente de las competencias y la formación técnica necesaria, en materia de infancia y adolescencia, para la correcta conducción de un organismo que debiera ser prioridad para todo Estado. Lamentablemente en nuestro país, eso no ocurre, ya que se priorizan las conveniencias y/o acuerdos característicos del desgastado sistema partidista binominal, en que los lemas de cambio, igualdad y justicia social quedan solo como una promesa más sin cumplir de los políticos que dicen representarnos en el Congreso.

No cabe duda de que en materia legal, el Estado de Chile se ha caracterizado por ser un garante (al menos en el papel) de los diversos tratados y acuerdos internacionales que apuntan a la protección de los NNA, expresado por ejemplo, en la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CIDN), ratificada por Chile el 26 de Enero de 1990 y su “Protocolo Facultativo de la CIDN, relativo a la participación de niños en los conflictos armados” (ratificado el 15 noviembre 2002), el Protocolo Facultativo de la CIDN relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía” (ratificado por Chile el 28 junio de 2000); el “Convenio 138 de la OIT sobre la edad mínima de admisión al empleo” (ratificado el 1 de febrero de 1999); el “Convenio 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil” (ratificado el 17 julio de 2000), etc. Estos acuerdos internacionales, complementan la legislación chilena y justifican la acción del SENAME, la creación de los tribunales de Familia (2004), la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente N° 20.084 (para la implementación de un modelo de justicia juvenil), la escolaridad mínima obligatoria de 12 años, la Ley de Subvención Escolar Preferencial N° 20.248 (SEP), etc. Pero ¿Cuáles han sido los nudos críticos que han generado la implementación de estas políticas? ¿Cómo es posible que nuestros NNA más vulnerables, continúen siendo un tema pendiente en Chile? ¿Cuándo serán prioridad? ¿Cuántos recursos se invierten y destinan, al análisis de procesos investigativos sistemáticos que retroalimenten oportunamente el accionar del SENAME?

Al respecto y en palabras de Sandoval (2012), tales reformas explicitan las múltiples deficiencias existentes, en lo referente al papel del Estado y del SENAME, en materia de justicia juvenil, puesto que la mayoría de los modelos existentes en América Latina (inmaduros y ambiguos, dada su reciente creación), no están logrando la efectividad que desean, entre otras cosas, debido a:
  • No se observa una articulación adecuada entre la justicia y los otros poderes del estado (en especial educación, y otros sectores como salud, cultura, trabajo, etc.), mermando notoriamente las posibilidades de desarrollo, integración y participación social.
  • Nula presencia de herramientas, estrategias y programas especializados para el seguimiento del adolescente, una vez que cumple con la medida o sanción judicial, para abordar apropiadamente la situación escolar y educativa de estos jóvenes.
  • El impacto de estos modelos, sólo es evaluado en términos de reincidencia penal (es decir, nueva comisión de un delito cometido por el joven mientras se encuentra cumpliendo una medida o sanción judicial), pero en ningún sentido abordan específicamente la reinserción social del adolescente.

Al parecer el SENAME debiera ser capaz de plantear técnicamente los puntos críticos de su intervención en materia de protección de la infancia y justicia juvenil, para responder a los requerimientos y compromisos más urgentes que enfrenta nuestra sociedad, y al mismo tiempo, de ser coherente con los tratados pactados internacionalmente. 

En este sentido y a modo de propuesta, reiteramos la necesidad de mejorar el presupuesto (2) destinado a nuestros NNA más vulnerable, priorizando la protección de la primera infancia (centros residenciales que atiendan a 10-15 niños como máximo, con una infraestructura acorde a sus necesidades), mejorar los procesos de selección, especialización técnica y carrera funcionaria del personal de trato directo y profesionales que integran el eje de protección y justicia juvenil; fomentar el estudio e investigación con recursos públicos (una prioridad para CONICYT, por ejemplo), desde las Ciencias Sociales y Humanidades, para reconocer aquellas experiencias exitosas de intervención o los nudos críticos que puedan surgir en este contexto (es decir, una Alianza colaborativa entre la Universidad y los profesionales que intervienen cotidianamente); incorporar e integrar transversalmente, una mirada transdisciplinaria y crítica respecto a las verdaderas necesidades de intervención y características de las infancia y adolescencia compleja, para ejecutar procesos de intervención transformadores, oportunos, diferenciados y sistemáticos. La oportunidad de reflexionar y transformar esta difícil realidad está planteada.

(1) El Servicio Nacional de Menores (SENAME) es un organismo gubernamental centralizado, colaborador del sistema judicial y dependiente del Ministerio de Justicia. Se encarga de la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, además de regular y controlar la adopción en Chile. Fue creado por el Decreto de Ley N 2.465 del 10 de enero de 1979, que constituye su Ley Orgánica publicada en el Diario Oficial el 16 de enero del mismo año. Un decreto supremo del 5 de diciembre de 1979 fijó la planta, entrando en funciones el 1 de enero de 1980 (SENAME, 2016: en línea).

(2) A pesar de que los organismos colaboradores atienden al 97.4% de los niños, niñas y adolescentes que ingresan a la Red Sename, los recursos transferidos corresponden sólo a un 64% del total de recursos disponibles en dicho Servicio, el cual atiende a un 2,6% de los NNA que llegan a la Red y dispone de un 36% de su presupuesto anual (Ciudad del Niño, 2016).

* Eduardo Sandoval Obando es Psicólogo. Postítulo en Sexualidad y Afectividad (U. de Chile). Diplomado en Docencia Universitaria. Diplomado en Salud Familiar (U. de Chile). Magíster en Educación, Mención Políticas y Gestión Educativas. Doctor © en Ciencias Humanas, UACH. Interventor Clínico en Salud Mental – Atención Primaria.
Correspondencia a: eduardo.sandoval@correo.udc.es 
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