Los últimos años, hemos sido testigos de una serie de transformaciones y reformas en nuestro sistema escolar, producto de una serie de demandas planteadas y sentidas, por los diversos actores educativos (profesores, estudiantes, familias, asistentes de la educación, etc.), las que se fueron consagrando y explicitando gradualmente, tras la aprobación de la Ley General de Educación N° 20.370, en diciembre de 2009.

Esta iniciativa legal, aprobada durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, buscaba generar diversas modificaciones en los procesos de admisión (limitando la facultad que tienen los establecimientos de discriminar a sus alumnos por motivos económicos por ejemplo, aspecto reforzado con la Ley de Inclusión Educativa que entró en vigencia, a contar del 1 de Marzo 2016), currículum obligatorio, formación del profesorado, reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales y la aplicación gradual de un modelo de gestión y “administración” de los aprendizajes del alumnado, incorporando diversas estrategias y procedimientos característicos del mundo empresarial, orientados a la medición y evaluación de resultados, para aunar esfuerzos y recursos, en la tan ansiada búsqueda y mejora de la calidad de la educación chilena.

 

De igual manera, se estipulan una serie de transformaciones a la Ley de Aseguramiento de la calidad de la educación (ampliando las atribuciones de la Superintendencia de Educación Escolar), el aumento de los fondos designados a los estudiantes más vulnerables, a través de la Ley SEP y la ley de gratuidad, en la educación superior. Sin embargo, ¿Cuál es el impacto real, que han tenido estas reformas, en los procesos educativos de nuestros estudiantes? ¿De qué manera han sido escuchados y considerados las voces e inquietudes de los actores educativos (profesorado, alumnado, asistentes de la educación, estudiantes, etc.) en estas reformas? ¿Qué acciones específicas, han fortalecido y resignificado la profesión docente? ¿Cuál es el sentido político y/o pedagógico, de continuar potenciando la enseñanza media y/o superior, relegando la educación preescolar?

 

Al respecto, nos parece importante y significativo, señalar la enorme importancia que adquiere, el centrar nuestra mirada y esfuerzos, en potenciar la educación preescolar, puesto que es ahí, donde se juega el verdadero desafío de la educación chilena, para avanzar en equidad y mayor justicia social para todos y todas. Los últimos avances en las neurociencias, demuestran las ventajas significativas que aportan la estimulación temprana (valorando el aporte de iniciativas gubernamentales como el Programa Chile Crece Contigo por ejemplo), el aprovechamiento de las ventanas de aprendizaje y la construcción de políticas públicas integrales, que valoren y resguarden los derechos de los niños y niñas en Chile.

Las experiencias internacionales en países como Finlandia, Suiza, India, Canadá y Estados Unidos (entre otros), demuestran y exhiben las ventajas educativas que aporta un programa de protección integral de la infancia, incidiendo en mejores desempeños en lenguaje y matemáticas, mayores tasas de empleo, menores tasas de deserción escolar, menor dependencia de programas sociales (disminuyendo el gasto social y/o reorientando la asignación de recursos), disminución de las tasas de criminalidad (puesto que las intervenciones en el ámbito de la protección de derechos, llegan oportunamente a quienes están en situación de riesgo; potenciando los factores protectores en el entorno inmediato del menor y privilegiando el trabajo intersectorial), la protección y empoderamiento de la familia (en apego, estilos de crianza, desarrollo socioemocional, etc.), entre otros resultados beneficiosos, que justifican los costos de implementación, y al mismo tiempo, acompañado de un sistema de evaluación transversal, que retroalimenta al personal que se desempeña en estos modelos de intervención. Esperamos que las iniciativas propuestas desde el Ejecutivo, en torno al Consejo Nacional de la Infancia, permita avanzar política y educativamente, en la protección y desarrollo transversal de nuestros “locos bajitos”… puesto que son ellos, nuestra mayor riqueza, y por ende, tenemos el deber de reflexionar y resignificar los esfuerzos desplegados hasta ahora, en torno al cumplimiento de la Convención Internacional de los Derechos del Niño.