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El ABC de la emergencia en Chile y el recorte presupuestario a Bomberos


El primer Cuerpo de Bomberos basado en voluntarios nació en 1851 en el puerto de Valparaíso, con un sólido anclaje en los valores republicanos de la época, tomando como referencia la organización operativa de las brigadas bomberiles existentes en EE.UU. desde el siglo XVIII. Desde esa fecha y hasta la actualidad, Bomberos de Chile y sus voluntarios/as ha alcanzado un prestigio sólido por su gran profesionalismo, trabajo en equipo y vocación de servicio durante las múltiples emergencias y desastres en los que se han desplegado dentro y fuera del territorio nacional.

En este sentido, es importante enfatizar que las emergencias a las que responde Bomberos son diversas. De hecho, por la versatilidad que han mostrado sus voluntarios/as, son considerados a nivel mundial como un servicio de emergencia polifacético y multipropósito, que responde a una amplia gama de emergencias, originadas por la naturaleza (inundaciones, aluviones, terremotos, combate al fuego, entre otros), o de caracter antrópico (es decir, los eventos provocados por la acción u omisión del hombre), tales como como accidentes vehiculares, derrumbes, conflictos sociales, explosiones, pandemia, etc. Por ende su capacidad táctica y operativa les ha permitido alcanzar un alto nivel de profesionalismo, conformando equipos para el manejo de materiales peligrosos (HAZMAT) e inclusive grupos de rescate especializado (GERSA; rescate minero, en altura y vehicular, etc.).

Más aún, durante el 2001, se construyó el Manual de Operaciones Multi-Institucional ante Emergencias, elaborado bajo el patrocinio de la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito, y en cuya redacción participaron representantes de Salud, Carabineros de Chile y Bomberos. La experiencia mundial demuestra que hay tres instituciones claves que participan en la fase inicial de una emergencia, como parte de la primera respuesta: Bomberos, Carabineros y Salud. Es por ello que se habla del ABC de la Emergencia: (A) para las Ambulancias de Salud, (B), para Bomberos y (C), para Carabineros. Por lo tanto, de la oportuna coordinación y respuesta de estas tres instituciones depende, en gran medida, la protección de las personas, el medio ambiente y la propiedad.

En vista de lo anterior, resulta paradójico e incomprensible que en el contexto actual de pandemia, el Estado haya concretado una rebaja en el presupuesto de una institución tan querida como Bomberos de Chile. La rebaja dispuesta por la Dirección de Presupuestos (Decreto N°707 de Hacienda) alcanza la suma de M$3.755.793, representando un recorte de M$1.500.000 en recursos para la Capacitación de los voluntarios/as; M$1.450.000 comprometidos en el pago de carros bomba y material menor para los Cuerpos de Bomberos y M$805.793 para Ayudas Extraordinarias para Cuerpos de Bomberos, lo que representa una disminución global del 7,86% de los recursos aportados por el Estado, muy superior al ‘ajuste’ observado en otros organismos del estado.

Para enfrentar los desafíos que emergen durante las emergencias y desastres, Bomberos requiere no sólo de equipos modernos, sino también de capacitación técnica actualizada junto con un equipamiento operacional que salvaguarde la vida de sus voluntarios/as, para asegurar una oportuna y eficiente respuesta, 24/7 y durante los 365 días del año. No deja de llamar la atención que un país altamente vulnerable a la acción del cambio climático y su larga historia de desastres, superficialice el accionar de bomberos, coarte su presupuesto y limite su capacidad operativa. Ojalá la clase política pudiera estar a la altura de la formación valórica y de servicio que exhiben los voluntarios/as de Bomberos de Chile a lo largo del territorio nacional. Los profesionales de la emergencia merecen respeto, dignidad y reconocimiento. Merecen nuestro más sincero respaldo ciudadano!.

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La Salud Mental en los Adultos Mayores durante la crisis sanitaria

Diario Austral de Valdivia

01 de Mayo 2020

Experto menciona diversas medidas que se pueden implementar en este grupo etario para hacer más llevadera la cuarentena producto de la pandemia originada por el covid-19.

 
En el contexto de la pandemia de covid-19, los adultos mayores se convirtieron en la población de riesgo, producto del número total de fallecidos de este grupo en el mundo. Esta situación trae consigo algunas implicancias en su salud mental.
Por eso, desde la investigación en el área, se pueden plantear recomendaciones para su protección: evitar la estigmatización, brindar contención y afecto, además de potenciar los recursos personales que permitan enfrentar de mejor manera esta crisis y el futuro.
“A pesar de que los medios de comunicación han reiterado el riesgo de salud que representa el covid-19 para las personas mayores, el tratarlos como personas vulnerables puede ser aterrador e inducir mucho miedo. Procure relacionarse de manera empática y colaborativa con ellos, reforzando aspectos de higiene y autocuidado, así como la transmisión de información clara y precisa sobre las medidas sanitarias implementadas en su región”, indica Eduardo Sandoval, Investigador y académico Instituto Estudios Sociales y Humanísticos (IdeSH)- Facultad Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Autónoma de Chile.

Sandoval precisa que los impactos psicológicos pueden incluir ansiedad, estrés, irritabilidad o tristeza. “Estas reacciones suelen ser particularmente difíciles para las personas mayores que pueden estar experimentando un deterioro cognitivo, demencia o que viven en soledad hace mucho tiempo. Ofrézcale apoyo y muéstrese disponible para orientarlos en el uso de redes sociales o TICs que les permita activar y/o fortalecer redes de apoyo disponibles en su entorno”, explica.A modo de recomendación señala que hay muchas acciones que se pueden iniciar por sí mismas o con el apoyo de un cuidador, si es necesario, para proteger la salud mental durante el periodo de cuarentena, tales como: actividad física, mantener rutinas de readaptación activa, desarrollo de un hobbie, asumir como desafío el uso de las redes sociales y medios digitales para entablar comunicación con pares o redes de apoyo familiar, entre otras.
“Finalmente, los sistemas sanitarios deberán identificar y abordar al mediano y largo plazo, las consecuencias potencialmente negativas que provocará esta pandemia sobre nuestra salud mental, siendo de especial interés las estrategias que podamos implementar para proteger a nuestras personas mayores, brindándoles condiciones y mecanismos que favorezcan una vejez digna en Chile”, finaliza.


Fuente: soychile.cl – https://www.soychile.cl/Valdivia/Sociedad/2020/05/01/651660/La-salud-mental-en-los-adultos-mayores-durante-la-crisis-sanitaria.aspx
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Individualismo en Contexto de Pandemia: ¿Un Reflejo de la Desigualdad en Chile?
15 de Abril 2020

De acuerdo a lo señalado por el MINSAL y las recomendaciones de la OMS, la ‘Cuarentena’ es una medida de salud pública con un propósito claro y específico: disminuir la velocidad de propagación del COVID 19 en una determinada zona. Por ende, es una herramienta con la que cuenta la Autoridad Sanitaria para aislar a una determinada población con alta concentración de casos positivos, reduciendo la posibilidad de contacto con población sana que no ha contraído el virus. Estas medidas se fortalecen con la implementación de aduanas sanitarias, es decir, un dispositivo de detención y control obligatorio por el que pasan todas aquellas personas que ingresan a una zona en cuarentena, siendo coordinadas por las Seremis de Salud y el resguardo de las FF.AA y de Orden.
A las medidas anteriores, se suma el ‘Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe’ en todo el territorio nacional dispuesto por el Presidente de la República, el pasado 18 de marzo con una vigencia de 90 días (amparado en la Constitución y la Ley Nº 18.415).

Sin embargo, y a pesar de lo anterior, las acciones descritas carecen de impacto sanitario cuando las personas descuidan sus hábitos de higiene personal (lavado frecuente de manos, mantención aislamiento físico, respeto al toque de queda, etc.) o peor aún, cuando algunas de ellas, muestran un total desinterés, respeto y escasa empatía hacia las comunidades en las que residen, incumpliendo la cuarentena sólo para ‘aprovechar’ el fin de semana largo (visitar la zona costera o la 2º vivienda, celebrar una fiesta, adulterar salvoconductos, celebrar reuniones a la que asisten más de 50 personas como lo eventualmente ocurrido en La Pintana e incluso burlar las barreras sanitarias vía aerea, etc.).


No podemos negar que somos seres sociales y necesitamos permanentemente del contacto con otros/as. Específicamente, desde las neurociencias se ha observado que en la infancia, la presencia de estresores crónicos y la falta de conexión (apego y estilos de crianza) afectarían el desarrollo del cerebro de forma permanente, provocando una alteración significativa en áreas específicas (tales como corteza prefrontal, sistema límbico y eje HHA) y funciones ejecutivas (atención, memoria, control de impulsos, etc.). Sabemos también la influencia positiva de vínculos seguros y nutricios en nuestras vidas para alcanzar un desarrollo socioemocional funcional. Estamos conscientes de que la situación provocada por el COVID 19 se ha transformando en un factor estresor para muchas personas y comunidades en el mundo, obligándonos a restringir al máximo nuestro contacto con otros/as, privilegiando el resguardo personal en nuestras casas. Pero ¿por qué es tan díficil que ciertas personas cumplan con lo mínimo en Chile (sólo quedarse en casa y no exponerse)? ¿Exceso de confianza o Egoísmo puro? ¿Oposición a la autoridad o simple negacionismo de la pandemia?

 Será que las conductas descritas precedentemente son el fiel reflejo de un país altamente desigual. En este sentido y lamentablemente, Chile ha estado históricamente entre los primeros puestos con mayor desigualdad económica y educativa (OCDE, 2019). De hecho, se encuentra por sobre todos sus vecinos directos en América del Sur (Argentina, Perú, Bolivia), de acuerdo a estimaciones del Banco Mundial, evidenciándose en definitiva que la indolencia y apatía de unos pocos, seguirá siendo uno de los factores más difíciles de controlar en esta pandemia. Peor aún, continuará siendo un foco de riesgo sanitario para muchos, que opaca (directa o indirectamente) el trabajo de quienes no han podido quedarse en casa, para cumplir abgnedamente con sus responsabilidades profesionales (personal de salud, FF.AA y de Orden, organismos de emergencia, personal aseo y ornato, trabajadores de supermercados y farmacias, etc.).

Por último, esta pandemia nos demuestra que no basta con tener un buen manejo económico o cifras estables de crecimiento, cuando se sigue reproduciendo anacrónicamente las desigualdades imperantes en las que la vida humana son sólo cifras. Al contrario, necesitamos avanzar en mayor democracia y justicia social para salir fortalecidos, cohesionados y comprometidos con la construcción de un país que promueve un desarrollo sostenible para todos/as.

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Columna de Opinión 
06 de Julio 2018

PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA INFANCIA Y JUVENTUD EN CHILE: UNA DEUDA INEXCUSABLE DEL ESTADO

 

Eduardo Sandoval Obando

Psicólogo; Magíster en Educación, Políticas y Gestión Educativas

Doctor en Ciencias Humanas

Resulta preocupante la actitud superficial y a ratos tardía por parte del Estado para abordar integralmente la protección de la primera infancia (tendencia que se repite durante los últimos 15 años, a pesar del enorme ruido provocado por la muerte de menores en centros de administración directa del SENAME), enredando la discusión en los procesos de intervención precarios que algunos dispositivos colaboradores del SENAME despliegan, en la necesidad de incorporar sistemas de Prevención y Alerta Temprana que facilite la oportuna intervención de aquellos niños y niñas que experimentan vulneración en sus derechos o en la necesidad de rebajar la edad de imputabilidad (de 14 a 12 años) en el caso de los niños, niñas y jóvenes que se vinculan a episodios de infracción de ley. Para otros, incluso gran parte de la solución emergería a partir de la división administrativa del SENAME en un Servicio de Protección Especializada de la Infancia (dependiente del Ministerio Desarrollo Social) y por otra parte, en un Servicio Nacional de Reinserción Juvenil (dependiente del Ministerio de Justicia). Pero ¿Qué acciones son necesarias para resolver la Crisis del SENAME? ¿Cuáles son los alcances del consejo Consultivo de la Infancia? ¿Ha sido un proceso participativo y convocante para los actores claves? ¿Cómo dar el salto desde la cobertura a la calidad en los procesos de intervención? ¿Son suficientes las acciones y medidas impulsadas desde el Ejecutivo para priorizar la infancia?

En primer lugar, pareciera ser que gran parte de los problemas y graves episodios de vulneración de derechos a los que están expuestos los niños y niñas en Chile es una responsabilidad del SENAME, sin embargo, asumir esta afirmación representa una mirada fragmentaria del problema. En este sentido, nos parece sensato mencionar que uno de los principales factores que influyen en las deficiencias detectadas en el funcionamiento de este organismo radica en que las políticas públicas en materia de infancia carecen notablemente de un enfoque integral e intersectorial, puesto que muchas de sus iniciativas no logran impactar eficazmente en la vida de los NNA, por la escasa capacidad de diálogo y colaboración que caracteriza el sistema de protección de los derechos de los niños, involucrando Ministerio de Justicia, de Salud, de Educación, Vivienda, cultura, deporte, entre otros. Pareciera que estos organismos tienen graves dificultades para articular sistemáticamente una mesa interministerial que asuma como una prioridad esencial a la infancia.

En segundo lugar, creemos que en la medida que el Estado continúe desligándose de sus responsabilidades en materia de protección integral de la infancia, reflejado en una marcada tendencia por delegarle a terceros (Organismos Colaboradores de SENAME) los procesos de intervención (quienes administran el 96,18% de la oferta anual para la atención de menores que proporciona el Estado. Los OCAs son financiados a través de la ley 20.032 de subvenciones), dentro de un marco regulatorio laxo y ambiguo en términos de estándares mínimos de funcionamiento, personal técnico con escasa formación para intervenir en contextos vulnerados (maltrato laboral; remuneraciones bajas, alta rotación del personal; alto estrés; precariedad en los procesos de formación e intervención, alta burocratización y sobrecarga administrativa, etc.), precaria calidad en los procesos de intervención e impacto real de sus acciones de protección, etc.

En tercer lugar, nos parece paradójico que a la fecha continúe ‘durmiendo’ en el Congreso la iniciativa que busca aprobar una Ley de Garantía de Derechos de la Niñez, evidenciando un total desinterés de la clase política por nuestros NNA. Al mismo tiempo, sólo en la medida en que esta ley sea promulgada, debe ir acompañada por un sistema presupuestario más eficiente, transparente y coherente con las necesidades y problemáticas que aquejan a nuestros niños, niñas y jóvenes (integrado explícitamente en el Sistema de Atención a la Niñez y Adolescencia de la Red de Colaboradores del SENAME, y su Régimen de Subvención 20.032).

Finalmente, nos parece importante mencionar que el Estado de Chile mantiene una deuda importante con nuestros NNA, abordable (al corto y mediano plazo) sólo en la medida que sean capaces de implementar acciones como: Transformar el sistema residencial (dispositivos de intervención mucho más focalizados y pequeños, con una redefinición integral de los estándares de funcionamiento y financiamiento); Mejorar el sistema de licitaciones con los OCAs, asegurando una continuidad en los procesos de intervención; potenciar los procesos de capacitación, perfeccionamiento y profesionalización de las personas que trabajan en infancia (Profesionales, Educadores de trato directo por ejemplo); Generar Planes y programas en materia de infancia que posibiliten la territorialidad y descentralización de los procesos de intervención (atendiendo a la enorme diversidad sociocultural y étnica presente en nuestro país); Fortalecer los sistemas de APS (generando estrategias y competencias eficaces en materia de salud mental infantil, buen trato y protección de la infancia); Implementar un sistema de prevención y alerta temprana en infancia (focalizado territorialmente que ayude a la detección oportuna de los factores de riesgo que amenazan a nuestros NNA, para generar derivaciones oportunas en los casos que corresponda).

El desafío de nuestro país en materia de infancia y Juventud no puede seguir esperando… ya que “lo que se les dé a los niños, los niños darán a la sociedad” (Karl Menninger) y en ellos reside nuestro presente y Futuro…

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