COLUMNA DE OPINIÓN
27 de Febrero 2020
Eduardo Sandoval Obando
Psicólogo; Magíster en Educación, Políticas y Gestión Educativas
Doctor en Ciencias Humanas
Postdoctorando (c) en Desarrollo Evolutivo
Académico e Investigador
La importancia, desarrollo y fortalecimiento de la Psicología de la Emergencia en Chile, cobra especial relevancia tras cumplirse una década de ocurrido el terremoto del 27F. Aquel día, siendo las 03:34 horas, y en 12 regiones se percibió el segundo mega-terremoto más fuerte de nuestra historia y uno de los diez más potentes en el mundo registrados mediante instrumentos (Contreras y Winckler, 2010). Tuvo una magnitud de 8.8 en la escala de Richter con epicentro en la región de Ñuble, pero con una intensidad máxima de IX en la escala de Mercalli, provocando daños de diversa magnitud y consideración a lo largo y ancho del territorio nacional.
Al respecto, las cifras oficiales estimaron que las consecuencias de este mega-terremoto y posterior tsunami afectaron a más del 75% de la población del país (CEPAL, 2010), es decir, cerca de 13 millones de habitantes experimentaron de manera directa o indirecta los efectos de este devastador evento. Además, se registraron un total de 521 víctimas fatales (Fritz et al., 2011).
Tras la presentación de este evento, se perdieron 15.000 puestos de trabajo (EERI, 2010), cerca del 3% de la población chilena cayó bajo la línea de pobreza (Larrañaga y Herrera, 2010), 500.000 viviendas quedaron con daños severos (HCDCh, 2011) y más de 200.000 familias perdieron sus hogares (MINVU, 2010).
Este tipo de experiencias nos debiese permitir avanzar en una mayor toma de conciencia, reflexión y generación de lecciones aprendidas sobre la forma en que nuestro país puede responder eficazmente a este tipo de mega-desastres. Sin duda alguna, se han suscitado cambios importantes en organismos clave de respuesta (Onemi, Minsal, Minvu, MOP,
Fuerzas Armadas y de Orden, Bomberos, etc.), pero todas estas acciones y aprendizajes no tienen un impacto real, si no se consideran los saberes locales y la participación activa y sistemática de las personas y sus comunidades de origen. Más aún, pareciera ser que dichos esfuerzos son aún insuficientes para la construcción de una política pública integral, actualizada y flexible en materia de gestión del riesgo de desastres en Chile (tomando como referencia las directrices del Marco de Sendai o los ODS) en el contexto de la emergencia climática por la que atraviesa el mundo.
Consciente de lo anterior, tras el 27F se destaca la Psicología como una disciplina de enorme valor para la comprensión de estos fenómenos y para la protección de la salud mental antes, durante y tras la presentación de estos eventos. La experiencia acumulada a lo largo de los años en diversas instancias de formación y capacitación en psicología de la emergencia, educación en salud mental y actualización de protocolos de desactivación para
intervinientes en los que he participado durante los últimos años como Interventor clínico y relator para organismos públicos y privados, me han permitido transferir herramientas específicas que contribuyan a la construcción y promoción de una cultura de la prevención en la sociedad (Sandoval, 2016), y particularmente, la de promover la salud mental positiva en los equipos de intervinientes que se despliegan en ambientes altamente estresantes y caóticos.
Como resultado de estas acciones y de acuerdo a lo sistematizado por Sandoval (2019), es posible señalar algunos ejes prioritarios de acción que serían susceptibles de incorporar o profundizar, en la comprensión y abordaje integral de estas problemáticas, tales como:
- Emergencias y desastres socio-naturales como fenómenos complejos: Se observa la necesidad de educar y sensibilizar a los intervinientes (equipos de salud, apoyo psicosocial, personal adscrito a las Fuerzas Armadas y de Orden) en la noción de que estos eventos tienen un impacto al corto, mediano y largo plazo en la vida de las personas y comunidades afectadas. Por ello, se sugiere una correcta valoración, interpretación y sistematización de los factores psicosociales, políticos, culturales y relacionales que condicionan la capacidad de respuesta de los afectados. Estos aspectos son clave en la fase de reconstrucción y rehabilitación, en donde adquiere importancia el apoyo social y las redes comunitarias para resignificar el impacto de una catástrofe en la población (particularmente, cuando existen pérdidas de vidas humanas).
- Incorporación de profesionales expertos en salud mental dentro de los equipos de intervinientes frente a situaciones de emergencia o desastres: Desde luego que nuestro país ha ido dando pasos importantes en mejorar su capacidad de respuesta frente a estos eventos. Sin embargo, resulta prioritario que se trabaje sistemática y transversalmente en la incorporación de psicólogos y psicólogas con formación en emergencias y manejo del trauma psíquico, dentro de los equipos socio-sanitarios (SAMU, Unidades de Salud Mental que colaboren activamente con FF.AA y de Orden por ejemplo), para el soporte, recuperación y rehabilitación de la población afectada por una catástrofe.
- Hacia una cultura de la Prevención: Intervenir oportuna y correctamente frente a las emergencias y desastres socio-naturales que puedan presentarse en Chile no es una responsabilidad única de los equipos de primera respuesta o Fuerzas Armadas y de Orden. Al respecto, se cree necesario continuar promoviendo una institucionalidad moderna y proactiva que trabaje decididamente en la generación de políticas de prevención que eviten o reduzcan al máximo las pérdidas humanas, mitigando en parte, el daño de los afectados (Chan et al., 2009).
- Respeto y valoración por el saber local: Uno de los puntos más valiosos detectados en zonas de catástrofes, radica en que los intervinientes sean capaces de valorar el conocimiento popular de las comunidades, haciéndolos partícipes de los planes de prevención y protección ante desastres socio-naturales. De esta manera, es posible articular políticas de gestión del riesgo de desastres con un enfoque participativo, intersectorial y coherente con las necesidades verdaderamente situadas en el territorio.
Finalmente, el desafío país debiese apuntar a la articulación de las políticas públicas (salud, justicia, educación, vivienda, seguridad, cultura, etc.) en materia de Gestión del riesgo de desastres, permitiéndonos avanzar decididamente en la promoción de comunidades resilientes, es decir, grupos humanos informados y sensibilizados respecto a los riesgos y vulnerabilidades presentes en el territorio, capaces de convivir armónica y responsablemente con el medioambiente, lo que les permite superar eficazmente los cambios y las crisis vividas, a través de prácticas efectivas de liderazgo, cohesión y justicia social, eficacia colectiva, respeto y apego al lugar, disminución de las desigualdades, junto con dimensiones físicas como la infraestructura, los servicios y la protección (Leykin, Lahad, Cohen, Goldberg y Aharonson-Daniel, 2013).
Para citar:
